La intervención del Sindicato Químico se publicó en el Boletín Oficial. Se designó un delegado normalizador que deberá convocar a elecciones en el plazo de 90 días. Es por una situación de acefalía. El aparato político y mediático de Cambiemos buscó capitalizarlo como un éxito de Movimiento Empresarial Anti Bloqueos.
El lunes 16 de Mayo de 2022, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación luego de un Dictamen de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS), resolvió nombrar un Delegado Normalizador para actuar de manera administrativa y ejecutiva en el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires y Zonas Adyacentes (SPIQYP). Se trata del Sindicato Químico más importante del país.
La decisión fue motivada por un fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo del 16 de Febrero de 2022, en el que se anulan las elecciones realizadas el 24 de Noviembre de 2017 y ordena dar cumplimiento a una nueva convocatoria a electoral en el plazo de 90 días.
La situación administrativa, formalizada por la Dra. Mónica Rissotto, Directora de la DNAS y el Ministro Claudio Moroni, se transformó en una oleada de operaciones mediáticas y de conjuros políticos. El objetivo fue convertir a Moroni en una especie de verdugo de las organizaciones sindicales y de los trabajadores y echar leña al fuego de la interna del Frente de Todos.
La maniobra, apuntalada desde un sector del PRO con el tridente Florencia Arietto, Fabián Hermoso y Walter Cividino como soportes, tuvo su correlato mediático con notas en Infobae y en el programa de Antonio Laje en América 24.
Diferentes actores del sector calificaron de «operaciones» a los informes que buscaron vincular la intervención del gremio de químicos con un conflicto gremial que sucedió a fines de Diciembre de 2021 en la Empresa RAME Productos Químicos S.R.L.
Se trató de un conflicto laboral disparado por el despido de 10 trabajadores que habían decidido afiliarse al SPIQYP, porque consideraba que la FATIQyP no defendía sus derechos laborales. Entre otras cuestiones acusaban a Cividino de no pagar retroactivos paritarios, ni entregar los elementos de trabajo necesarios para el cuidado físico y orgánico del personal, mantener los vestuarios en una situación deplorable y no proveer, si quiera, un dispenser de agua.
De hecho, luego de varias semanas sin solución y vencida la conciliación obligatoria, ante la protesta gremial Cividino comenzó un raid mediático con Florencia Arietto, miembro activo del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB).
Gracias a esa presión político mediática, Cividino dejó en la calle a los 10 trabajadores y quedó liberado para aplicar contratos basuras para volver a operar.