Javier Milei y el regreso del eterno sueño de una Justicia a imagen y semejanza de su mirada laboral

(Por Prof. Sinigaglia) Como lo intentó la gestión de Mauricio Macri, los libertarios proponen su propio horizonte jurídico. Mientras tanto la Corte, sin un especialista en materia laboral, se muestra más que permeable. Una nueva justicia para nuevos despidos.

Por diversidad de razones las cuestiones laborales se van entrecruzando con las cuestiones jurídicas, de derecho y/o judiciales. Y cuando las decisiones políticas ponen en el centro a las primeras lo hacen acompañadas de cuestiones relacionadas con las segundas.

Así como el republicano gobierno del Ingeniero Mauricio Macri encontró algunos límites en la Justicia Nacional del Trabajo -siempre con sus bemoles-, el propio Javier Gerardo Milei a poco de comenzar su mandato en el mismo fuero encontró su tempranero parate, en aquella instancia.

La propia naturaleza del derecho del trabajo impone perspectivas a quienes ejercen la magistratura que, una y otra vez, dirigencias pretenden pasar por alto, ya sea buscando esquivar al poder judicial o a la búsqueda de jueces que compartan sus sueños flexibilizadores.

Así es que mientras Macri estuvo en Nación y María Eugenia Vidal, alias Mariu, gobernaba la Provincia de Buenos Aires se llevó adelante una reforma al procedimiento laboral -parcialmente suspendida, pero vigente aún-, y se intentó llevar a cabo un procedimiento de conciliación laboral obligatoria; esto último desde siempre ha sido para muchos laboralistas un mecanismo para consolidar renuncias de derechos y pintar al Estado como incapaz de ordenar las relaciones laborales al permitir que los incumplimientos a los que se somete a quienes trabajen pasen por delante de sus ojos sin que exista intervención protectoria alguna.

En ese entonces gobernaba Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y hubo una fuerte intentona por forzar el traslado de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad. Ello acompañado de montones de acciones de presión por parte del Ejecutivo Nacional contra Jueces y Juezas que pretendían ejercer su tarea en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. A la par, el ex alcalde ahora retornado en modo de olfateador de orina, impulsó una ley por la que disponía que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Macri-patronal friendly, podía revisar las decisiones de las Cámaras Nacionales de Apelaciones, incluyendo desde ya, la del Trabajo.

La ley no distinguía las materias comunes de las Federales. No es un tema menor ni un detalle. Así como las Cámaras Nacionales en lo Civil y en lo Comercial son alzada de la Inspección General de Justicia, por caso, la del Trabajo lo es de la autoridad administrativa del trabajo, que decide entre otras cosas cuestiones relativas a temas sindicales y de negociación colectiva.

Desde aquellos tiempos, sin prisa pero sin pausa, la Corte, que carece en su conformación de un especialista en materia laboral -ni que decir con mirada pro-obrero-, viene apuntalando este tipo de cuestiones. El summum llegó a fines del pasado año, a partir del resonante caso “Levinas”, por el que pretendió operativizar aquella ley de la Ciudad que ponía a la Justicia Nacional bajo la mirada jurídica del Tribunal Superior de la Ciudad.

El Poder Ejecutivo Nacional lejos de intentar preservar las facultades que surgen del propio texto constitucional y que preserva la “ley Cafiero”, parece ansioso por que se haga realidad este recurso ante la Corte citadina. A tal punto que interpuso los recursos en cuestión, como estando dispuesta a someterse a una justicia local que siquiera es provincial. Sería de esperar que las provincias digan algo ante tamaña actitud. Por ello aún se espera.

Desde el año pasado, otra vez un Macri, ahora Jorge (el morocho de la familia), se encuentra apurando la misma cuestión. Ya no por vía del traspaso directamente, sino a partir de la puesta en funcionamiento del fuero del trabajo, que se superpondría en quehaceres a la Justicia Nacional en clara pretensión de debilitarla.

Como señalara el informe de marzo de 2025 de “Consultora Eje Laboral”, “Lo que parece jugarse es la posibilidad de designar jueces menos comprometidos con el principio pro-trabajador que debe regir en la justicia laboral. Con mayor incidencia en su designación y capacidad de presión en la Justicia local la defensa de normativa flexibilizadora o la flexibilización por medio de sentencias puede encontrarse entre los objetivos finales de esta movida.”

Por ahora, por un lado la Justicia Nacional puso freno a la intentona de la Corte, de la que llegó a señalar que dicta sentencias contrarias al orden constitucional y por el otro la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo suspendió cautelarmente la operatividad del fuero laboral de la ciudad a instancias de la Asociación de Magistrado, cuyos intereses parecen estar alineados al respecto con el de los trabajadores (los sitios de apuestas online no contienen la cantidad de dígitos que debieran pagar por tal chance).

Difícil pensar que las patronales y los políticos que juegan para ellas se resignen fácilmente. Menos cuando ya creían tener sus colmillos sobre la instancia que tanto les apetecía sin que parezca haber mayor resistencia de sus contrapartes.