Era un proyecto que venía trabajando Jorge Macri, junto a su ministro de Justicia, Gabino Tapia, desde el comienzo de la gestión. Logró la aprobación el la legislatura. La CGT ya había expresado su rechazo y hasta había encarado algunas negociaciones. Temor por el historial de armado de causas y manipulación de jueces de los Macri.
La Legislatura porteña aprobó en la última sesión la creación del Fuero laboral de la Ciudad. Es decir, la posibilidad de que una empresa o un trabajador se presente ante juzgados nuevos para tratar un caso vinculado a lo laboral.
Según se establece en la iniciativa todos los nuevos magistrados tendrán que concursar y sus pliegos pasarán por la Legislatura, como en los otros fueros. De esta manera, según fuentes parlamentarias, en un plazo no mayor a un año deberían comenzar a funcionar estos juzgados que convivirán con los ochenta nacionales.
La CGT ya había puesto el grito en el cielo por esto. Hubo distintas manifestaciones en contra. Según pudo saber InfoGremiales, el mayor temor de los gremialistas es el historial de armado de causas e influencia en los juzgados que tienen los Macri.
Con esta norma el abogado de una parte puede presentarse en la Ciudad ya porque la empresa o el empleado trabajen en territorio porteño, porque el domicilio del empleado sea en CABA o donde se celebre el contrato de tareas sea la Ciudad.
El argumento principal de quienes promovieron la iniciativa era agilizar el tratamiento de las causas. Sin embargo, desde la CGT señalaron que esta «agilidad» podría favorecer a los empleadores en detrimento de los trabajadores, al afirmar que el cambio propuesto solo busca satisfacer «las necesidades del patrón» y no proteger a la «parte más débil del eslabón».
Para la CGT, el fuero laboral es un pilar histórico en la defensa de los derechos laborales y sociales, un sistema establecido por Juan Domingo Perón para resguardar las conquistas de los trabajadores. Desde Azopardo recalcaron que su eventual «desmantelamiento» serviría como una señal de tranquilidad para los grandes capitales y empresarios, quienes verían en esta reforma una vía para operar sin las limitaciones que, actualmente, les impone la Justicia laboral
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