Karina Moyano está en una disputa judicial por una suma de 600.000 pesos y 434.000 dólares y sostiene que ese dinero no debe ser devuelto a la Justicia. La referente de camioneros sostiene que esos fondos le fueron donados por familiares y su abogado, que es además amigo de la familia, y asegura que ya no lo tiene. La Justicia la investiga por presunto lavado y evasión impositiva.
Los 600.000 pesos y 434.000 dólares fueron secuestrados a comienzos de este año en el marco de una causa por narcotráfico. Karina Moyano no es parte del expediente pero quedó «pegada» a través de una de las hijas de una ex pareja con quien ya no tiene vínculo. Resulta que en el DNI de Macarena Acevey, una de las chicas, figuraba que su domicilio era en la dirección de un departamento que estaba a nombre de la dirigente de Camioneros.
Las explicaciones para que ese dinero se encuentre en su poder fueron que se trataba de préstamos y regalos que le hicieron su padre, sus hermanos y su abogado con el fin de iniciar un negocio. Este proyecto se habría visto interrumpido con la separación de su pareja a principios de año. Entonces Karina decidió pedir que le restituyan el dinero.
Hasta la fecha, explicaron a Clarín fuentes judiciales «no pudo acreditar que el origen de esos fondos sea lícito y hasta tanto eso no ocurra, deben permanecer secuestrados».
La fiscalía solicitó que las donaciones y préstamos que Karina asegura le hicieron sea respaldada con documentación, como las declaraciones ante la AFIP, por ejemplo, para corroborar que dichos fondos se encuentren blanqueados.
Como eso no ocurrió aún, se intimó a Karina Moyano a que reintegre el dinero y lo ponga a disposición del juzgado. La hija del líder de Camioneros es investigada hoy por presunto blanqueo de fondos y evasión fiscal.
Esta semana, la Cámara Federal de La Plata, confirmó la decisión del juez Juan Pablo Auge quien anuló la decisión de su par, Federico Villena que en plena feria judicial de enero, había sobreseído a Moyano reintegrándole el dinero bajo investigación. Actualmente Villena enfrenta una denuncia en el Consejo de la Magistratura.
En su fallo, la Cámara criticó el proceder de Villena, recordando que la causa se encontraba delegada en el Ministerio Público Fiscal, «lo que implica una transferencia de la responsabilidad en el impulso de la investigación en cabeza del titular de la acción penal, y resulta más grave que Villena era, al momento de tomar dicha decisión, juez de feria”.
Bajo este mismo lineamiento, el camarista César Álvarez rechazó el argumento de la defensa de Karina Moyano, quien señaló que hubo “animosidad” en la medida judicial. La réplica a dicho argumento fue negar cualquier tipo de «guerra judicial ni persecución de ningún tipo a la familia Moyano.»
Por su parte, el camarista Jorge Di Lorenzo dijo que “la circunstancia de que el Juez Villena no haya conocido las actuaciones al momento de resolver, torna nulo” todo el procedimiento, incluyendo la devolución de los fondos bajo investigación. Dio así, la razón al fiscal Iglesia y a su par Cecilia Incardona, quienes denunciaron que lo actuado no tenía validez en tanto nunca los participaron, siendo que tenían ellos la pesquisa a cargo.