La Cámara Nacional del Trabajo le puso un freno a las ambiciones de la Casa Rosada, que ya había sufrido el mismo embate durante el macrismo. El tribunal compuesto por una veintena de jueces firmó una resolución para rechazar la iniciativa que figura en el proyecto de Ley Ómnibus y puso en conocimiento de su decisión al Gobierno, al Congreso de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia.
La Cámara del Trabajo emitió este viernes su resolución 1/2024 en la que rechazó el traspaso del fuero de la Justicia nacional a la de la Ciudad de Buenos Aires, propuesta en la Ley Ómnibus.
Como parte del voluminoso paquete de nuevas reglas que propone el Poder Ejecutivo, el traspaso implicaría, en palabras de los camaristas «ante todo, una inadmisible delegación de facultades exorbitantes en favor del Poder Ejecutivo Nacional en cuestiones que se oponen al sistema federal de gobierno delineado por nuestra Constitución Nacional, así como la transgresión del principio de división de poderes propio de la República».
Los magistrados y magistradas argumentaron que el traspaso para ser una decisión del Poder Legislativo, requeriría «una previa reforma de la Constitución Nacional» por lo que «menos podría justificarse la delegación de todas las facultades al respecto, en favor del Poder Ejecutivo Nacional».
Por otra parte consideraron que «la actividad de la Justicia Nacional no se ciñe a los conflictos que atañen a los/as vecinos/as de la Ciudad», y que al contrario de lo que se ha argumentado desde el intento del macrismo en 2016 a la fecha, «son muy pocos los/as reclamantes domiciliados/as en su órbita».
En ese sentido, la Cámara del Trabajo recordó que la Constitución, también llamada Ley Fundamental, «reservó al Poder Legislativo la potestad de resguardar los intereses nacionales mientras la Ciudad continúe siendo la capital del país, de modo de establecer un equilibrio entre aquellos intereses y la autonomía del gobierno porteño».
Y los camaristas no perdieron la oportunidad de recordarle al actual Procurador del Tesoro que en su editorial del diario La Nación del viernes 30 de diciembre de 2016, Rodolfo Barra sostuvo “Pareciera ser que los argentinos hubiésemos caído en el vicio de no cumplir con las leyes, ni siquiera cuando se trata de la Fundamental: la Constitución nacional (CN). Esto es lo que ocurre con el proyectado traspaso de la denominada justicia nacional de la Capital Federal a la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Es decir, coincidía con ellos y calificaba la estrategia prácticamente como inconstitucional.
Los camaristas explicaron además que sus magistrados/as tienen «una jurisdicción que exorbita con mucho el ámbito territorial de la Ciudad y abarca a habitantes de todas las provincias de la Nación que vienen a litigar ante sus estrados en razón del domicilio de alguna de las partes (en especial del sector empresario/empleador)».
Y que si bien la Capital «concentra el mayor número de empresas y organizaciones registradas», tales sociedades tienen dependencias
operativas que «se ubican a lo largo y a lo ancho de la República» y que la mayoría de las ART, «no tienen en la Ciudad de Buenos Aires sus establecimientos, fábricas, unidades de producción o sucursales, sino que unos u otras se encuentran en las distintas provincias que integran el país».
Además, consideraron que el fuero del trabajo también debe entender en asuntos de naturaleza indiscutiblemente federal que afectan a todo el país. También posee aptitud jurisdiccional exclusiva para entender en todo lo
vinculado con el trabajo marítimo y marítimo-pesquero a nivel federal.
En suma, «si la selección y el enjuiciamiento de esos/as magistrados/as dependiese únicamente de la Ciudad de Buenos Aires, se consagraría en la práctica un notable retroceso del federalismo».
Y por si fuera poco, ni siquiera consideran que esté dentro de los intereses de «los/as justiciables aquejados por múltiples dificultades» que, «lejos de encontrar algún cauce de solución con el mencionado “traspaso”, solo tenderían a agravarse, al alargarse innecesariamente la duración de los procesos mediante la incorporación de una tercera instancia».
De esta forma resolvieron expresar su «total y absoluto rechazo a la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional» y poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial, del Congreso Nacional y del Ministerio de Justicia.
Traspaso-Resolucion-1-de-2024La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), en un comunicado firmado por su presidente Andrés Basso, también rechazó el traspaso de la Justicia la Ciudad de Buenos Aires.
La organización también lo considera contrario a la Constitución Nacional «hecho que orgánicamente no podemos permitir y al que nos oponemos férreamente», indica el texto.