Un comunicado de ese espacio gremial -que además integran los sindicatos de televisión, lácteo, pilotos, molineros, judiciales y docentes privados, entre otros-, aseguró que «no hubo aún novedades» luego de una semana de «la represión contra integrantes de la comunidad mapuche por parte de cien gendarmes en el territorio Pu Lof, en Resistencia, Cushamen, Chubut, donde dispararon balas de plomo y de goma y quemaron objetos pertenecientes a las familias».
Maldonado, de 28 años, fue visto por última vez mientras huía de «esa persecución», señaló el espacio.
Los gremios expresaron que el Jefe de Gabinete de Seguridad, Pablo Noceti, encabezó «la operación represiva de Gendarmería Nacional en Esquel contra quienes rechazaban la detención ilegal del líder mapuche Facundo Jones Huala, que concluyó con el primer detenido-desaparecido bajo la presidencia de Mauricio Macri», aseguró.
La CFT denunció que Noceti fue abogado defensor de militares procesados por crímenes de lesa humanidad y había adelantado en dos entrevistas radiales que todos «los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) serían detenidos», a la vez que «se jactó de que lo haría el gobierno nacional sin la intervención de un magistrado, que consideró innecesaria».
«Fue una represión orientada y política en perjuicio de un grupo que demanda derechos legítimos. La Corriente Federal rechaza que el gobierno presente esa desaparición forzada como una mera ‘búsqueda de persona extraviada'», puntualizó el espacio sindical.
Por último, exigió al Ejecutivo que de forma inmediata diga cuál es el paradero de Maldonado, que garantice su integridad y que respete sus derechos y libertad, y sostuvo que «no tolerará que un gobierno de ricos continúe criminalizando las protestas sociales de los pobres, los sin techo, los trabajadores ocupados y desocupados y los pueblos que son legítimos dueños de la tierra».
La fiscal de Esquel Silvina Alejandra Ávila informóque se encuentra a cargo de una investigación penal por la desaparición forzada de Maldonado y las posibles irregularidades en el procedimiento llevado a cabo por la Gendarmería el 1° de agosto, que «podrían estar relacionadas con aquella hipótesis delictiva», según el sitio del Ministerio Público Fiscal fiscales.gob.ar.