Lo que está en debate es si la facultad del derecho constitucional de huelga es de los sindicatos con personería o de los gremios en un sentido más amplio, aunque las organizaciones expresaron su «temor» a «un planteo empresario para restringir» esa facultad.
La audiencia pública será de carácter informativo y procurará determinar quiénes son los sujetos habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción directa en el marco de los conflictos laborales, en una decisión que generó «preocupación en el ámbito sindical, que teme una ofensiva para limitar los alcances de ese derecho constitucional de los trabajadores».
La convocatoria del máximo tribunal fue resuelta en el marco de la causa «Orellano, Francisco contra Correo Oficial», que se inició a partir de un conflicto colectivo aplicado por los trabajadores de la empresa estatal y sin el apoyo del sindicato de la actividad, lo que derivó en el despido de cuarenta y seis empleados del centro de distribución de la localidad bonaerense de Ezeiza.
La justicia laboral de primera instancia y, luego, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo interpretaron que fueron despidos discriminatorios y, los trabajadores, fueron cesanteados por ejercer el derecho de huelga y petición, por lo que ordenó la reinstalación de ese personal en sus empleos.
A pesar de que la Cámara consideró que la titularidad del derecho de huelga no corresponde a los trabajadores de forma individual sino que concierne al colectivo de la actividad u oficio aunque sus integrantes no estén afiliados, el Correo Oficial elevó un recurso ante la Corte y planteó objeciones en rechazo de esa interpretación, por lo que el máximo tribunal convocó a audiencia.
El objeto será discutir quién o quiénes son sujetos habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de fuerza.
La convocatoria habilitó un plazo, que venció el viernes, para presentar los denominados «amicus curiae», es decir, aquellas instituciones o personas interesadas en el debate para fijar posición por alguna de las partes y, según trascendió, confirmó su presencia la Unión Industrial Argentina (UIA).
También lo habría hecho, según las fuentes, la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky, la CTA Autónoma de Pablo Micheli, la Asociación de Abogados Laboralistas, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Aceiteros.
El debate de fondo planteado por la Corte pone en tela de juicio si el derecho constitucional de huelga, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, es una potestad exclusiva de los sindicatos con personería gremial o corresponde a una concepción en sentido amplio de la palabra «gremio».
Ello involucra a una pluralidad de trabajadores unidos por el hecho de pertenecer al mismo gremio y sin tener en cuenta su afiliación a un sindicato, o inclusive a los integrantes de un establecimiento o sección de ese establecimiento.
Las CGT de Antonio Caló y Hugo Moyano interpretan que la titularidad del derecho de huelga corresponde a las entidades con personería gremial, y las dos CTA, con su discurso de la libertad sindical, reclaman que ese derecho no puede ser limitado exclusivamente a la organización sindical.