La CSJN anuló la sentencia que lo excluyó de la tutela sindical para que la empresa pudiese cesantearlo, luego de atender el recurso de queja, ya que el máximo tribunal bonaerense le había quitado la instancia de apelación al aplicar la doctrina menemista nacida con el proyecto de frexibilización laboral.
La Corte provincial deberá emitir un nuevo pronunciamiento, aunque el fallo del máximo tribunal nacional es «progresivo» porque se plantó a favor de la «libertad sindical», dijo Rubén Tripi, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), quien explicó que además del paraguas legal ampliado a favor de delegados y comisiones internas que no responden a las conducciones, el caso Ottoboni es un precedente para el personal despedido por activismo gremial y que no acepta la indemnización.
El fallo de la Corte Suprema nacional fue firmado por Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt sobre la base de los argumentos de la subprocuradora Irma García Nietto.
La funcionaria había considerado que «la legislación y los jueces locales no pueden vedar el acceso de los litigantes a la instancia superior» y señaló que «el argumento principal de la defensa del trabajador se basó en el principio de libertad sindical, establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en las normas internacionales de los derechos humanos».
Los jueces de la Corte Suprema asumieron que «está en juego la consagración del ejercicio de esa libertad, en especial respecto de la representación de los intereses de los trabajadores, el derecho de reunión y de formular un programa de acción».
Tripi expresó que en territorio bonaerense no hay cámaras de apelación en la justicia laboral y es preciso recurrir a la Corte, donde «no se analiza otra vez todo el caso», y subrayó que los recursos locales suelen ser rechazados y de forma restringida se admite que el desafuero es un primer tramo de un proceso.
«La Corte bonaerense ejerce funciones de cámara de casación en el ámbito laboral y no concedía el recurso federal para luchar por los casos en la nacional. Al lograr recurrir a la Corte nacional se modificaron veinte años de jurisprudencia», aseguró.
También expresó que el logro obedeció a la militancia, al rol de «amicus curiae» de los abogados laboralistas y a la seccional porteña de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
«Es un triunfo a nivel de la jurisprudencia bonaerense. Los delegados sindicales no tienen derecho a apelar cuando pierden en primera instancia. El fallo sentó un precedente muy importante», señaló Ottoboni, cuya cesantía nunca se concretó.
A principios de 2008, la seccional San Fernando del Sindicato Unico de Trabajadores de Neumático Argentino (SUTNA), que a nivel nacional conduce Pedro Wasiejko, estaba en conflicto con las empresas por negociaciones paritarias y del convenio colectivo.
La FATE inició juicios de exclusión de tutela sindical contra delegados y dirigentes del gremio y radicó denuncias penales en su perjuicio, a la par que despidió a 80 operarios luego de un paro.
Los trabajadores denunciaron que la planta de Victoria estuvo durante varios meses «militarizada» y con presencia policial, perros y filmaciones de sus desplazamientos, en tanto el conflicto arrojó un saldo de 200 cesanteados en todas las compañías.
Ottoboni fue denunciado por realizar asambleas, haber detenido dos máquinas que funcionaban de forma incorrecta, participar en medidas de acción directa en el depósito y por ingresar al establecimiento de manera clandestina junto a otros delegados.
Los trabajadores fueron detenidos y, el tribunal de Trabajo número 1 de San Isidro, les quitó los fueros por considerar «verosímiles» las razones de la empresa para solicitar la exclusión de la garantía sindical, a la vez que Ottobboni explicó que fue absuelto de todas las denuncias penales presentadas por la firma.