El máximo tribunal consideró que los elementos de prueba ofrecidos por la provincia, entre ellos la documental, resultaron insuficientes para demostrar que el Estado provincial hubiese concretado el pago «en tiempo y forma» de una deuda de casi 1,6 millones de pesos reclamada desde ATE.
Se trata de un expediente iniciado hace cuatro años, con lo cual el monto de la deuda que deberá afrontar el gobierno de Santa Cruz, encabezado por Alicia Kirchner, deberá ser actualizado con intereses, consignaron fuentes judiciales.
Según la denuncia de ATE, Santa Cruz retuvo cuotas sindicales que fueron efectuadas pero que no fueron abonadas.
Al contestar la demanda, Santa Cruz, en ese entonces representada por la procuradora fiscal de Estado Angelina Abonna y por la abogada Graciana Peñafort, había manifestado haber pagado esos aportes y planteó la «inembargabilidad de los fondos públicos» de la provincia.
En tanto, al firmar su resolución, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que el gobierno provincial no pudo probar esos supuestos pagos.
Con la firma de los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el fallo del Máximo Tribunal rechazó además el argumento de la supuesta «inembargabilidad de las cuentas públicas provinciales» por entender que las medidas pretendidas por ATE no apuntan a «fondos públicos» sino a aportes de los trabajadores retenidos por el Estado.
Si bien el fallo fue adoptado en el marco de la última acordada, el martes último, recién trascendió ahora de fuentes tribunalicias, en un marco en el que Santa Cruz busca descomprimir su situación, a través de la gestión de un crédito del Banco Nación que le permita a la provincia afrontar el pago de los salarios de estatales y jubilados.