La CTA Autónoma repudió el uso del sistema judicial como herramienta de persecución y disciplina política en Jujuy. Hoy se conoció la judicialización de 20 dirigentes de organizaciones que semanifestaron contra la reforma constitucional de la provincia que impulsó Gerardo Morales el año pasado.
La CTA Autónoma informó que más de un año después de la polémica jura de la nueva constitución provincial, se iniciaron procesos judiciales que apuntan a criminalizar la protesta social, y afectan especialmente a miembros de organizaciones de base como ATE, FENAT y CONADU Histórica.
El conflicto en Jujuy comenzó el año pasado, impulsado por el gobierno de Gerardo Morales, cuando se aprobó una reforma constitucional en medio de un masivo rechazo popular, marcado por episodios de represión que resultaron en manifestantes heridos y mutilados. Hoy, la fiscalía de la provincia y el juez Rodolfo Fernández decidieron llevar a juicio a 20 personas imputadas por incidentes en la Legislatura, a pesar de que, según la CTA, nunca se identificó con precisión a los responsables de los hechos que ocurrieron durante esas protestas.
Entre los imputados figuran seis integrantes de la CTA Autónoma: Santiago Zamora, Gabriel Taboada, José Donaire, Walter Puca, Gabino Cruz e Iván Blacuntt. La CTA denunció que las causas en su contra están plagadas de irregularidades y que no buscan más que frenar la organización social y el activismo que se opone a la constitución impulsada por el gobierno provincial, la cual calificaron como inconsulta y represiva.
El comunicado también señala que la central sindical ve en estos procesos judiciales un intento del gobierno de Jujuy, liderado por Gerardo Morales, de imponer el miedo y el silencio entre los militantes y trabajadores que resisten la reforma. La CTA consideró así que el uso del poder judicial en este caso responde a una lógica de venganza personal y política. En, efecto, el exgobernador por esa época denunció ante la Justicia por «daño psicológico» a dos tuiteros que publicaron chistes sobre rumores de la intimidad de Morales y terminaron presos durante casi dos meses.
Finalmente, la CTA Autónoma exigió el cese inmediato de la persecución a los 20 activistas sociales y llamó a la Justicia a actuar de manera imparcial, reclamando que el foco esté en quienes promovieron la reforma y sus efectos, entre ellos el gobernador Gerardo Morales y sus colaboradores. La central sindical insistió en que es fundamental garantizar el derecho a la protesta y la defensa de una Justicia independiente que no se use como herramienta de represión política.
El comunicado lo firmaron Hugo «Cachorro Godoy, secretario general; Mariana Mandakovic, secretaria adjunta y Ricardo Peidro, secretario adjunto.
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