La CTA Autónoma rechazó la carta documento que enviaron desde el ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich «en todos y cada uno de sus términos, afirmaciones e intimidaciones» que allí se impusieron. Desconocieron el llamado Protocolo «Antipiquete» y advirtieron que si continúan con las intimidaciones realizarán denuncias a nivel internacional y nacional por «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público».
La central encabezada por Hugo Godoy calificó a las intimidaciones vertidas en la carta documento enviada desde Seguridad como «palmariamente ilegítimas, improcedentes y mendaces y, por ende, ineficaces».
Agregaron que «no resulta más que un burdo intento de amedrentamiento de los actores sociales en el legítimo ejercicio de dichos derechos» y además consideraron nulas a las resoluciones 943/23 y 949/23 del Ministerio que enmarcan el llamado Protocolo Antipiquete, a través del cuál se «determinan supuestos gastos que desconocemos y rechazamos, por parte de cualquier organismo al que pretenda representar».
En los mismos términos, negaron tener deuda alguna con el Estado y reclamaron el cese de «la ilegítima conducta expresada en la misiva en responde cuyo único objeto es prohibir el derecho a peticionar y manifestarse libremente».
De lo contrario, la CTA Autónoma advirtió que procederá a «efectuar la totalidad de la denuncias y acciones nacionales e internacionales correspondientes frente al palmario abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público».
