El Juez Ariel Lijo, propuesto para sumarte a la Suprema Corte de Justicia, ordenó el allanamiento de un local administrativo de un complejo de viviendas ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios y el domicilio de una referente de la organización territorial MTL. Desde la CTA Autónoma señalaron que «El gobierno intenta imponer el estado de excepción y avanzar sobre derechos democráticos» y que «utiliza como excusa el desprestigio de las organizaciones populares».
Por orden del Juez Federal Ariel Lijo, hace unas horas allanaron el local administrativo del complejo de viviendas ubicado en Iguazú y José C. Paz, del barrio porteño de Parque Patricios, perteneciente al Movimiento Territorial Liberación (organización territorial de la CTA Autónoma), y el domicilio particular de Carmen Cirano, histórica referente del MTL y de la Federación Nacional Territorial (FENAT) de la CTA.
El complejo de viviendas del MTL aloja a 326 familias que desde hace dos décadas se organizan para resolver el problema de déficit habitacional que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires. Allí también funciona un bachillerato popular, una radio comunitaria, y un sistema de asistencia social y comunitaria.
«Este allanamiento se enmarca en la causa que está a cargo del Juez Lijo, y es la continuidad de una campaña de difamación hacia los movimientos sociales que promueve el gobierno nacional que encabeza Javier Milei desde su asunción. Con esto, se busca validar el ajuste contra el pueblo ante la opinión pública, justificando la persecución y criminalización sobre los movimientos sociales», señalaron desde la CTA Autónoma.
«Lejos de atender las demandas de entrega del alimento acopiado en los galpones del Ministerio de Capital Humano, el gobierno intenta imponer el estado de excepción y avanzar sobre derechos democráticos. Para ello utiliza como excusa el desprestigio de las organizaciones populares, que son quienes están cotidianamente construyendo la resistencia a este modelo de hambre, y de un país para pocos», agregaron.
La CTA Autónoma repudió «la persecución a las organizaciones sociales por parte del gobierno nacional en connivencia con el Poder Judicial, exige el cese del hostigamiento a quienes trabajan todos los días en las barriadas populares, y se solidariza con las y los militantes que están siendo amedrentados.»
