La CTA de los Trabajadores pidió una «reforma del Poder Judicial que ponga la Justicia al servicio de todo el pueblo», luego de que este domingo se publicaran supuestos chats y audios que intercambiaron jueces federales, directivos del Grupo Clarín, funcionarios del Gobierno porteño y exagentes de inteligencia, tras compartir en octubre un viaje a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido.
«El escandaloso episodio en el que miembros del Poder Judicial, funcionarios macristas y empresarios del principal monopolio mediático, planean la realización de delitos para ocultar su connivencia política, ha puesto de manifiesto el grado de suciedad de las manos que operan el lawfare», expresó en un comunicado la central gremial conducida por Hugo Yasky.
En esa línea, destacó que «entre los funcionarios se encontraba el actual Ministro de Seguridad de Larreta, Marcelo D’Alessandro, que pidió utilizar un vehículo de la Policía de la Ciudad para hacer apremiar ilegalmente a quién él supone responsable de la filtración».
«En el chat de amigos que fueron a confabular al lago que tiene secuestrado el magnate Joe Lewis escribió: ‘Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar’. Ante lo que el juez Mahiques aportó como letrado: ‘Estoy caliente y motivado para hacer la denuncia penal al puto de la PSA’», detallaron.
La organización gremial señaló que «el cónclave contra Cristina con avión privado, alojamiento y comida a cargo del terrateniente amigo de Macri contó con la presencia del exfuncionario de la Secretaría de Inteligencia que armaba causas en la ‘mesa judicial’ para perseguir opositores».
Además, indicó que «este trípode levantado por los medios de comunicación hegemónicos junto a un grupo de jueces y fiscales y los dirigentes de Juntos por el Cambio, es el mismo que persigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de disciplinar y amedrentar a quienes no se subordinen a sus intereses».
Además, advirtió «este brutal dispositivo que atenta contra la democracia, no solo persigue y disciplina a quienes buscan defender los derechos de las mayorías, también protege a los delincuentes de guante blanco. Funciona como un ejército de guardaespaldas judiciales de los que fugan capitales, realizan espionaje ilegal y endeudan a la sociedad argentina para garantizarle dólares al poder financiero».
«Como trabajadores y trabajadoras venimos denunciando estas prácticas espurias de una justicia al servicio de los multimillonarios, que se expresaron obscenamente en los chats que tomaron estado público en los últimos días. Es urgente una reforma del Poder Judicial que ponga la justicia al servicio de todo el pueblo y no de unos pocos que pretenden ampliar sus privilegios a costa del conjunto social», exigió.
«Somos conscientes de que la disyuntiva actual se juega entre la república mafiosa de la impunidad de los ricos y la recuperación de una Argentina democrática con igualdad ante la ley y respeto por los derechos del pueblo», señaló.
«Resulta imprescindible la firmeza del gobierno y la movilización popular para terminar con la impunidad de estas mafias apañadas por los poderosos», finaliza el comunicado.