Un comunicado firmado por Micheli y los secretarios adjunto y de Derechos Humanos de la central, José Rigane y Hugo Blasco, respectivamente, rechazó el fallo y aseguró que fue «una medida arbitraria que obedeció al alineamiento de la justicia fueguina con el poder político provincial y procuró a partir de la criminalización de la protesta social el disciplinamiento de los trabajadores ante los ajustes de los respectivos gobiernos».
Los dirigentes afirmaron que fue «un nuevo intento de restringir el derecho de huelga y la decisión de los trabajadores de organizarse de forma libre, como fue plasmado a través del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ‘Orellano’ y en el decreto de la gobernadora fueguina Rosana Bertone, que eliminó el Registro Provincial de Asociaciones Sindicales».
La CTAA respaldó al dirigente y se solidarizó con la totalidad de «los perseguidos para amedrentar la lucha» y adelantó que impulsará «una campaña internacional contra el atropello a la libertad y democracia sindical» y denunciará al gobierno fueguino y al juez Penza ante «la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo» (OIT).
Catena también es dirigente del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), concluyó la central.