La Federación Nacional Territorial FeNaT de la CTA Autónoma obtuvo la personería social y se fortalece entre los movimientos sociales

El Ministerio de Trabajo otorgó este miércoles la personería social a la Federación Nacional Territorial (FeNaT), la organización que nuclea todas las experiencias territoriales de la CTA Autónoma.

Con la Resolución N° 1143 que lleva la firma de la ministra Raquel «Kelly» Olmos, la Federación Nacional Territorial (FeNaT) obtuvo la Personería Social.

La FeNaT nació en julio de 2018, en Rio Cuarto, Córdoba, cuando las organizaciones sociales y de la economía popular de la CTA Autónoma –que a nivel nacional conduce Hugo “Cachorro” Godoy- definieron «construir una herramienta federal, con la intensión de retomar las banderas históricas de la CTA de organizar a todos los sectores de los trabajadores y trabajadoras, construyendo poder popular en el territorio», explicaron en un comunicado desde la central.

Finalmente, este miércoles 6 de septiembre, recibió el reconocimiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

“Estamos orgullosos de todos nuestros compañeros y compañeras que con su trabajo diario y con la pelea en las calles hicieron posible este reconocimiento por parte del Estado. Celebramos este reconocimiento como un logro más de la CTA, que crece y se fortalece construyendo organización para la clase trabajadora”, afirmó el secretario general de FeNaT y secretario de acción social de la Central, Omar Giuliani.

La obtención de la personería social era un objetivo a alcanzar propuesto por la Mesa Nacional de la FeNaT que, en el marco de un proceso de profundización y ampliación de la organización, definió como prioritario.

“La institucionalidad implica para nosotros tener un funcionamiento democrático y dinámico que esté presente en las necesidades de nuestros militantes pero también ser vistos por el Estado su interlocutor legítimo y legal de las demandas sociales”, señaló Giuliani.

La personería social es un instrumento que implica que el Estado reconoce la legalidad de la agremiación de trabajadores y trabajadoras de distintos espacios sociales, comunitarios y de la economía popular, visibilizándolos como interlocutores legítimos de las demandas de los espacios que representan.