La Fraternidad intimó por carta documento a la empresa estatal SOFSE por los mensajes “injuriosos” contra la huelga general que difundieron en estaciones de trenes

El sindicato ferroviario La Fraternidad acusó a la empresa estatal SOFSE de difundir mensajes injuriosos en estaciones de tren durante el paro general convocado por la CGT. Rechazaron el uso del término “casta sindical” y exigieron el respeto al derecho constitucional de huelga, advirtiendo posibles acciones legales si continúan las agresiones.

El sindicato ferroviario La Fraternidad envió una carta documento a la empresa estatal SOFSE (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado), en la que la intima a cesar la difusión de mensajes agraviantes contra la dirigencia sindical durante el paro general convocado por la CGT el pasado jueves 10 de abril.

La misiva hace referencia a los mensajes emitidos desde las carteleras digitales y los parlantes de estaciones clave como Retiro y Constitución, en los que se acusaba a “la casta sindical” de “atacar a la República” y se instaba a los pasajeros a denunciar a quienes fueran “obligados a parar”, a través del número 134.

Estas frases fueron amplificadas en redes sociales por funcionarios del Gobierno, entre ellos el vocero presidencial Manuel Adorni, quien publicó un video en el que se exhibía el mensaje en tiempo real. Además, desde las cuentas oficiales se compartieron placas con el mismo tenor, en un intento de deslegitimar la medida de fuerza.

En su respuesta formal, La Fraternidad calificó de “distópico” el uso del espacio público con fines de estigmatización sindical, y recordó que el derecho a huelga está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

La carta documento advierte: “La empresa ferroviaria de la que usted es representante reproduce que ‘la casta sindical ataca a la República’. Le recuerdo que los dirigentes sindicales son elegidos por el voto de los trabajadores y que ejercer el derecho a huelga es parte esencial del funcionamiento de la República”.

Además, el sindicato denunció que tales expresiones configuran un intento de injerencia en la libertad sindical y una posible incitación al conflicto social. “Nos vemos en la obligación de proteger la reputación de los dirigentes sindicales y, en consecuencia, la paz social y el bien común”, señala el documento.

Y cierra con una advertencia firme: “Absténgase de adoptar conductas injuriosas e injustificadas… bajo apercibimiento de iniciar acciones administrativas y/o judiciales correspondientes. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

El paro general de la CGT, que contó con la adhesión de las CTA y múltiples movimientos sociales, tuvo un alto acatamiento en la administración pública, en el transporte ferroviario y aéreo, y en buena parte del sector privado. Fue convocado en rechazo a las políticas de ajuste económico del gobierno de Javier Milei, especialmente sobre los ingresos de trabajadores y jubilados, y la intención de avanzar en reformas laborales y previsionales de carácter regresivo.