El pasado jueves InfoGremiales dio a conocer en exclusiva los fallos de la Cámara Penal, con fecha del pasado 5 de mayo, con los que se le dio el visto bueno a la totalidad de los recursos planteados ante la Cámara Federal por los dirigentes desplazados del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
Además informamos que la apelación concedida a los gremialistas tiene efecto suspensivo sobre la intervención vigente a cargo de Gladys González, Jorge Carlos Alonso y Santiago Viola, sin embargo ahora el juez tiene que notificar lo resuelto y dependerá de la Cámara y de las resoluciones que tome el propio Canicoba Corral si será en forma inmediata o hay alguna otra resolución sobre la cuestión de fondo.
Ante esta información, la Comisión Interventora Judicial SOMU, mediante un comunicado de prensa, salió a ratificar que la intervención sigue vigente.
“La información que circula es inexacta, ya que la Cámara Penal recibió el recurso de la comisión directiva suspendida por el juez para analizarlo pero no resolvió la cuestión de fondo planteada”, añadieron en referencia a un recurso de queja presentada por los demandantes.
En el parte de prensa se precisó que la Justicia “sólo abrió la instancia para estudiar el recurso planteado” y ratificó a la vez que “la Comisión Interventora Judicial no se encuentra suspendida, continúa vigente y con todas las facultades oportunamente otorgadas por el juez”.
Este portal en ningún momento negó la vigencia de la intervención, sólo advirtió que «ahora tambalea y podría ser cuestión de tiempo que los dirigentes del corridos de sus cargos sin los renunciados (y denunciados) Omar “Caballo Suarez y Rigoberto Suarez, vuelvan a ser instalados en sus funciones».
El 18 de febrero pasado, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso la intervención del SOMU que conducía Omar Suárez, en el marco de una causa en la que el gremialista fue procesado por haber entorpecido el tránsito de diversas vías navegables.
«Se realizó un allanamiento para instalar a las nuevas autoridades. Fue impuesta una intervención judicial, que estará integrada por tres personas», informaron entonces fuentes con acceso a la causa, las que resaltaron que el objetivo «es que cese el delito que, según el expediente, se cometía desde el gremio».
Esa Comisión fue constituida luego por la diputada nacional del PRO y ex candidata a intendenta de Cambiemos en Avellaneda Gladys González, Jorge Carlos Alonso y Santiago Viola.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada contra el secretario general de la organización y otros dirigentes por el bloqueo de diversas vías navegables, lo que entorpeció el tránsito marítimo, y por exigir a los afiliados que desistiesen de asistir con remolcadores a varios buques extranjeros en 2012.