La fiscal ante la Cámara en lo Comercial Gabriela Boquín dictaminó a favor de los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja para que se les permita autogestionar a la firma en quiebra. Además reclamó que se investigue a ex funcionarios por su presunto aprovechamiento de la situación en que se encontraba la empresa a principios de 2016.
Mediante un dictamen de unas 70 páginas, la fiscal requirió que «se revoque la resolución» que le desconoció a la cooperativa de trabajadores la posibilidad de hacerse cargo de las actividades de la empresa en quiebra para mantener las fuentes de trabajo en un sector productivo.
En primera instancia le fue rechazada la «legitimación a la Cooperativa de Trabajo para efectuar los planteos formulados» con lo que virtualmente se la excluyó de una eventual solución de continuidad de la actividad de la firma.
Cuando la empresa entró en crisis y se encaminaba a la debacle, su planta productiva fue vendida a la firma Proteinsa S.A., que también ingreso en concurso de acreedores y no estabilizó ni aseguró la continuidad de la actividad.
La fiscal libró oficios a la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) para que intervenga en relación con «los aportes en calidad de préstamo o de otra índole que habría efectuado el Banco BTG Pactual SA en forma directa o a través del BTG Caimán a Proteinsa SA».
Esa operación financiera supuestamente destinada al rescate de la empresa también está bajo investigación.
Además, resolvió «atento a lo señalado por la Cooperativa de Trabajo en cuanto al rol del Estado con una participación activa, más o menos velada, de ciertos representantes estatales, en un manifiesto conflicto de intereses´ se libra oficio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a los efectos que estimen corresponder».
La fiscal también ofició «a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en relación a la denuncia formulada por la Cooperativa» sobre los obstáculos para la continuidad de sus actividades.
Finalmente, Boquín dio intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), ante la posibilidad de que se hubiera producido el delito de lavado de dinero.
La cooperativa de trabajadores había pedido que «se la autorizara a gestionar la unidad productiva de la fallida Rasic Hnos. S.A. ante los graves incumplimientos para con los trabajadores de quien la tenía a su cargo -Avícola Tres Arroyos S.A.- y se instara la investigación de lo actuado por los sucesivos operadores de dicha unidad productiva, en especial, por Proteinsa S.A. y por Avícola Tres Arroyos S.A.».
«Entre otras cosas señaló la existencia de vínculos familiares o de amistad entre integrantes de tales sociedades y ciertos funcionarios del Gobierno, el escaso capital social de Proteinsa SA en comparación con el pasivo de la quiebra de Rasic Hnos SA, su enorme deuda por cheques sin fondos, el incumplimiento de su compromiso de incorporar trabajadores, el cálculo de las indemnizaciones de los trabajadores, su pago en cuotas sujetas a la depreciación propia de la inflación o en acciones de una empresa en concurso, habiendo usufructuado Proteinsa SA los importes cobrados del erario público en concepto de subsidios o REPRO».
La Cooperativa denunció que «diferentes funcionarios de reparticiones públicas obraron en pos de favorecer los negocios privados de los adquirentes de los activos falenciales».