La Justicia desestimó la cautelar presentada por Cáceres y ratificó la intervención del Obra Social de Ladrilleros

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desestimó la cautelar pedida por Luis Cáceres para retomar el control de la Obra Social de Ladrilleros. Ratificó la intervención. En paralelo avanza la causa que lo investiga por transferencias sin respaldo, compras de equipos sin destino cierto y hasta la presencia de una máquina de contar billetes.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desestimó una cautelar peticionada por Luis Cáceres para retomar el control de la Obra Social del Personal Ladrillero. El dirigente había pedido que se suspendan el Decreto y la Resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que habían definido la intervención de la institución.

La negativa, con fecha del 9 de diciembre, implica la continuidad de la intervención a cargo de Jorge Alonso, un cuadro técnico que ya participó de normalizaciones complejas incluso con gestiones de distinto signo político.

Vale recordar que la institución está intervenida desde agosto de este año y su normalizador, Alonso, recibió un pasivo prestacional registrado por la propia SSS que asciende a los 1.104 millones de pesos.

En paralelo una presentación judicial promovida por el propio Alonso, detalló que la situación existente no se había producido por el costo de los servicios médicos prestados, sino por un «accionar sistemático de afrontar gastos ajenos al servicio propio del servicio de salud, realizados en beneficio personal de los miembros de la Comisión Directiva».

La denuncia penal, en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal de Comodoro Py, es por el presunto delito de defraudación y asociación ilícita y apunto contra el Presidente del La Obra Social, Luis Caceres, contra los miembros de la Comisión Directiva y contra todos aquellos que hubieren participado en la comisión de los presuntos ilícitos detectados.

Entre las irregularidades detalladas en la presentación, a la que accedió InfoGremiales, se describen transferencias de fondos sin respaldo documental por más de 32 millones de pesos, la existencia de 11 vehículos de la Obra Social para uso de los dirigentes de los cuales sólo se devolvió 1 al momento y la detección del pago de medicamentos, sin compulsa, por valores que superaban hasta en un 43% su precio de mercado.

Además, el trabajo realizado por Alonso, encontró que se pagaban 71 sueldos de supuestos empleados, con viáticos y gastos (sin rendición), en una obra social en la que trabajan sólo 18 personas.

También se detectaron contratos con gerenciadoras por sumas exorbitantes, las cuales cuando fueron citadas se avinieron a reducir sus pretensiones en un 25% en forma inmediata, lo cual fue tomado por la intervención como un indicio del pago de supuestos retornos.

En lo que tiene que ver con las compras, se detectaron 50 aparatos de telefonía celular con sus líneas abonados por la Obra Social y utilizados por personal del sindicato. Adicionalmente se encontraron papeles que explicaron la compra de heladeras, televisores y equipos de audio que no están en las instalaciones de la obra social.

Por último, y como caso curioso, la intervención encontró la existencia de una maquina de contar billetes en la sede, aunque no su factura de compra, siendo que la obra social tiene todas sus transacciones bancarizadas.