Según un fallo al que tuvo acceso Télam, a partir de la denuncia penal de la AFIP, el fiscal Patricio Evers se presentó ante el juez Rafecas impulsando la acción penal y solicitando medidas. La causa 7871/14 está radicada en el Juzgado Federal Nº 3, Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 12.
Además de imputar a los directivos de la filial argentina de Donnelley, el fiscal Evers solicitó a la AFIP la remisión de la información patrimonial que surge de las declaraciones juradas de la empresa para establecer la situación económica y patrimonial de la firma.
Asimismo, solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) los datos de las personas responsables de la empresa; al Banco Central para que informe el estado de las cuentas bancarias de la empresa; un peritaje contable; y al Juzgado Nacional en lo Comercial N° 19 que certifique el estado de la causa.
El sábado 9 de agosto de 2014, Donnelley resolvió en Asamblea extraordinaria de accionistas presentar su propia quiebra y el juez Gerardo Santicchia decretó 48 horas después, en tiempo récord, su quiebra.
La AFIP solicitó el 14 de agosto, tres días después de que se decretara la quiebra, que se la deje sin efecto, por considerarla fraudulenta y a su vez se decrete la continuidad de la explotación. Además, denunció a los directivos de la multinacional ante la justicia penal.
La quiebra se consideró fraudulenta porque el propio balance de la compañía indica que la liquidez al 31 de diciembre de 2013 era de casi 600 millones de dólares superior al ejercicio anterior. Además, el activo de la empresa es superior al pasivo, es decir tiene un patrimonio neto positivo: activo $180 millones, pasivo $140 millones.
En el balance registra ganancias reservadas de $ 20.200.000 para futura distribución de dividendos. La firma recibió aportes de sus accionistas por $3.000.000 en efectivo en noviembre de 2013, según sus propios estados contables.