La justicia jaquea el plan de despidos masivos

Según el fallo del juez Luis Arias, se ordena al gobierno bonaerense «con carácter cautelar reincorporar a la Señora Guadalupe Pilar Antonioli en el cargo y función que desempeñaba, disponiendo el pago de la remuneración acorde a la categoría que venía percibiendo, de manera inmediata a la notificación de la presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 163 de la Constitución Provincial y hasta tanto se dicte sentencia en los autos principales».

Antonioli solicitó la medida cautelar luego que por decreto N° 31/2016 se dispusiera el cese en el cargo que revestía como personal de planta permanente, en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica de la Secretaría General de la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Según la mujer, su cese fue ordenado «sin la suficiente motivación que toda decisión administrativa debe exponer, ello así por cuanto el mismo no hace referencia a causal material alguna que lo justifique», y que no se explicaba si había alguna supuesta falta de idoneidad técnica o moral para el cargo detentado.

El juez Arias, en su resolución, apela a varios fallos, entre ellos uno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien sostuvo que «la cancelación de una designación en planta permanente dentro del período de prueba constituye una facultad discrecional, pero ello no exime a la Administración de respetar los recaudos que exige la normativa para la validez de los actos administrativos».

«Asimismo, indicó que la mera circunstancia de que el plazo de prueba no hubiera transcurrido, no resulta suficiente para justificar la validez del acto de cese y que, un acto que cancela una designación, sin tener en cuenta circunstancias de evaluación de idoneidad, carece de causa, motivación suficiente y asimismo, presenta un vicio en su finalidad», precisa Arias al hacer lugar al reclamo de la empleada y ordenar al Estado provincial que reincorpore a la mujer.

En los hechos, las presentaciones en los tribunales nacionales y provinciales aumentan día a día. Poco antes de terminar la feria judicial, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a un amparo para que varios empleados despedidos vuelvan a sus puestos de trabajo en la ex AFSCA.

Y el miércoles 17 de febrero se dio a conocer una resolución del Tribunal de Trabajo número 5 de Morón que obliga a ese municipio a reincorporar a dos empleados desvinculados por entender que fueron víctimas de «persecución ideológica» por su militancia gremial. Todos antecedentes relevantes de un fenómeno que puede jaquear el plan de despidos masivos de Cambiemos.