El líder de los peones rurales, José Voytenco, había ido al fuero laboral en su búsqueda de recuperar el control de la intervenida Obra Social sindical OSPRERA. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le negó la cautelar peticionada y dejó virtualmente cerrada la vía. El Gobierno también pidió la intervención del sindicato de peones rurales.
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo denegó este miércoles 19 de febrero una cautelar con la que el secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, buscaba recuperar el control de la intervenida obra social sindical, la gigante OSPRERA.
La sentencia firme contra Voytenco llega luego de que le hayan habilitado la feria judicial para tratar el asunto y de que optara por el fuero laboral, históricamente más cercano a los sindicatos, para tener más oportunidades.
Vale recordar que la OSPRERA fue intervenida por el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. Primero fue designanda Virginia Montero como interventora y luego en ese lugar quedó Marcelo Carlos Petroni.
La intervención se produjo luego de una auditoría que batió el oficialismo en la que asegura que se detectaron «gravísimos incumplimientos, falta de satisfacción de los afiliados y deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones».
Poco tiempo después, y ya en medio de la pelea entre el Gobierno y Voytenco, Petroni presentó un nuevo informe con fuerte impacto en los medios que hablaba de un faltante cercano a los 100.000 millones de pesos y responsabilizando al sindicalista por la situación.
La intervención se decretó por un período de 180 días, con posibilidad de prórroga por parte del Ministerio de Salud. La OSPRERA es una de las prestadoras de salud más importantes de la Argentina por la cantidad de afiliados que posee.
El fallo de Cámara es el avance de un casillero por parte del Gobierno en la batalla que sostiene con el gremialista y que tiene, ahora, a la UATRE en la mira. De hecho, por orden del Secretario de Trabajo, Julio Cordero, el Gobierno presentó en la Justicia Laboral el pedido de intervención del sindicato. La causa también recayó en la Sala VI que ahora deberá resolver el futuro de la organización sindical.
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