La Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada la semana pasada por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que reclama la apertura de negociaciones paritarias.
En la misma resolución, el tribunal rechazó el cese de los descuentos salariales que se aplican por los días de huelga, como pretendía la AJB, y declaró al planteo como «abstracto» al considerar que dichos recortes aún no se produjeron, ni hay indicios de que se vayan a producir.
El fallo se conoció en medio de la huelga que realiza hoy la AJB en sintonía con la marcha federal de un sector de los sindicatos de trabajadores estatales y los maestros.
En ese sentido, el secretario general del gremio, Pablo Abramovich, aseguró en declaraciones a Télam que “se ordenó al Ejecutivo que se abra la paritaria. Aún vivimos con salarios de 2017, no nos hicieron adelantos a cuenta. Vamos a pedir 25% en una cuota con cláusula gatillo».
Los jueces Carlos Gramuglia, Liliana Badi y Enrique Catani, ordenaron al ministerio de Trabajo bonaerense que convoque a las partes para que abran «la negociación sobre reajuste salarial de los empleados judiciales para el año en curso», para lo cual fijaron un plazo de 5 días hábiles
Señalaron que «el derecho de negociar libremente con los empleadores las condiciones de trabajo constituye un elemento esencial de la libertad sindical, y los sindicatos deberían tener el derecho, mediante negociaciones colectivas o por otros medios lícitos, de tratar de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de aquellos a quienes representan».
El tribunal aludió a «las sucesivas negociaciones de años anteriores en las que ha participado la asociación peticionante, el alcance del acuerdo correspondiente a 2017 del que surge que las partes se comprometieron a reunirse antes del 15 de marzo del corriente a fin de acordar las condiciones del incremento salarial para el año en curso».
En ese sentido, Villegas dijo a esta agencia que citarán a los judiciales. «La semana que viene vamos a citar a los judiciales a paritarias. De hecho, ya estamos manteniendo con ellos conversaciones informales y ahora vamos a cumplir con la manda judicial”.
Con relación al rechazo judicial para que no se descuenten los días no trabajados, el funcionario opinó que “es lo que corresponde, porque una cosa es el derecho a huelga consagrado en la Constitución y que siempre respetamos, y otra es pagarle a alguien cuando no trabaja, siendo que el contrato de trabajo establece responsabilidades recíprocas y una parte no las está cumpliendo”.
“En la función pública, los funcionarios no podemos autorizar erogaciones por servicio no prestados, porque haríamos uso indebido de fondos públicos”, manifestó y agregó que el año pasado la Justicia «ratificó que no corresponde pagar días de paro y que la conciliación obligatoria que dicta el Ministerio es válida”.