La Justicia federal confirmó el rechazo de una acción de amparo promovida por diputados nacionales de la Coalición Cívica, los «lilitos», para que se declarara la ilegitimidad de una eventual vacunación prioritaria contra el coronavirus a choferes de camiones.
La resolución de la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se produjo en el expediente iniciado contra el Estado Nacional por los legisladores enrolados en el partido de Elisa Carrió en la alianza Juntos por el Cambio, quienes denunciaron que esas dosis podrían ser derivadas a otros beneficiarios y apoyaron su presentación en artículos periodísticos.
Los jueces entendieron que lo «aducido» era «meramente conjetural», por tratarse de un «trascendido» en notas periodísticas y remarcaron que «nada indicaba que indefectiblemente existiese como un acto -siquiera- preparatorio», por lo cual no podrían afectarse las garantías constitucionales «hasta tanto no se transforme en derecho positivo».
La presentación había sido realizada por los diputados nacionales Rubén Manzi, Mónica Edith Frade, Marcela Campagnoli, Leonor María Martínez Villada, Alicia Terada, María Lucía Lehman y Laura Carolina Castets.
En la acción de amparo se pedía la declaración de ilegitimidad o inconstitucionalidad del «acto preparatorio e inminente», mediante el cual se estaría analizando el suministro de 4.600 dosis de vacunas contra la Covid-19 a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios.
Meses atrás, el sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) que lideran Hugo y Pablo Moyano había iniciado gestiones para obtener 4.600 dosis de vacunas contra el coronavirus para que sea inmunizado el personal que conduce camiones en recorridos internacionales. Esa propuesta fue criticada por la titular del PRO, Patricia Bullrich, y por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
En su presentación judicial, los «lilitos» de la Coalición Cívica apoyaron su denuncia en notas publicadas en medios periodísticos, que especulaban con que las vacunas tendrían como destinatarios a los choferes del gremio «que realicen transporte internacional y/o a Movimientos Sociales, y/o a provincias por inminencia de comicios y no por colapso sanitario».
La Sala III de la Cámara coincidió con el criterio de primera instancia que rechazó la demanda «in limine» (sin tramitarla) por falta de legitimación procesal de los legisladores, quienes actuaron como diputados en representación de la ciudadanía y como «usuarios».
«La condición de ciudadano no es apta -en el orden federal- para autorizar la intervención de los jueces, pues dicho carácter es de una generalidad tal que impide tener por configurado el interés concreto, inmediato y sustancial que permita considerar al pleito como una causa», dijeron los magistrados.
La sala agregó que «el carácter de diputados no otorga legitimación suficiente para actuar en un proceso, ni mejora la situación en la que los actores (los legisladores que promovieron el amparo) se encontraban en virtud de la mera condición de ciudadanos».
Los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco recordaron que según la Corte Suprema «la invocada ’representación del pueblo’ con base en la calidad de diputado nacional no confiere legitimación» para iniciar una acción de amparo.