Así lo aseguraron fuentes judiciales, quienes indicaron que el magistrado considera que el matrimonio y Yebra habrían conformado una asociación ilícita a través de la cual más de 80 millones de pesos de los fondos del Soeme fueron extraídos, en forma irregular, para ser destinados al patrimonio familiar de los Balcedo.
«Ahora hay que determinar si, además del hecho puntual, existía una estructura organizada de al menos tres personas dedicadas a cometer delitos», plantearon las fuentes y recordaron que «es la organización en sí lo que reprime ese tipo penal».
Tras haber realizado allanamientos en tres sedes del gremio en busca de documentación durante el fin de semana, el juez preparaba por estas horas el pedido de extradición a la Justicia uruguaya, que deberá ser tramitada a través de la Cancillería argentina.
De hecho, fuentes oficiales consignaron este mediodía que el ministerio encabezado por Jorge Faurie aún no había recibido el pedido formal de la Justicia para poner en marcha el trámite de extradición, tras la detención el jueves último en Punta del Este del titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, y su esposa, merced a una orden de captura librada en la causa que tramita Kreplak por presunto lavado de dinero.
En el marco de ese expediente, el magistrado ordenó en las últimas horas congelar las cuentas bancarias de Balcedo, y las de su secretario y presunto testaferro, Mauricio Yebra, quien se entregó el viernes a la Justicia y quedó detenido.
Lo mismo ordenó el juez en relación a las cuentas del gremio Soeme.
Balcedo, secretario general del Soeme y empresario de medios en La Plata, fue detenido el jueves último, junto a su esposa, Paola Fiege, en su chacra «El Gran Chaparral», ubicada en las cercanías de la ciudad balnearia de Piriápolis, en el Departamento de Maldonado, Uruguay, en el marco de una causa por delitos tributarios y lavado de dinero.
La pareja y sus hijos vivían desde el 2010 en esa chacra, valuada en dos millones de dólares, que cuenta con lagos y una reserva de animales.
Al ser detenida, la pareja disponía de casi medio millón de dólares en efectivo, una pistola Glock 9 milímetros, un revólver CTC 38, una réplica de AR 15 calibre 22 marca Colt con una gran cantidad de municiones, además de cuatro autos de alta gama.
La justicia uruguaya dictó el viernes la prisión preventiva de la pareja, por 30 días, a la espera de que el juez federal Krepalk solicite su extradición, según confirmó a Télam una fuente judicial.
Además, la Justicia uruguaya incautó las llaves de cinco cofres fort y una carta donde se detallaba el contenido de cada cofre, que, según trascendió, sumarían unos 7 millones de dólares.
Juan Fagúndez, abogado de Balcedo en Uruguay, denunció irregularidades en el proceso, en declaraciones formuladas al periódico El Observador, de ese país.
«Estoy analizando la legitimidad de la intervención de la fiscalía (de Uruguay) porque no es una fiscal penal; es una jerarca del Ministerio Público del Departamento de Relaciones Internacionales. Capaz es la que más sabe de tratados pero no es fiscal penal. Esto está llevado muy de los pelos», aseguró el abogado.
En el marco de los operativos en Uruguay se incautó un avión privado Gulfstream G-IV de matrícula estadounidense que Balcedo alquilaba bajo sistema leasing por 60.000 dólares por mes.
Fagúndez aseguró que su defendido le explicó que el dinero hallado en la chacra «es producto de once años de trabajo».
A Yebra, integrante del gremio Soeme, secretario de Balcedo y presunto testaferro, también se atribuyen vínculos con la banda narcotraficante de Rosario conocida como «Los Monos».
Yebra se negó a declarar y quedó detenido en la sede de La Plata de la Policía Federal Argentina.
La investigación que culminó con la detención de Balcedo, su esposa y Yebra se inició a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), alertada por extracciones de dinero en efectivo realizadas de la cuenta bancaria del Soeme, por más de 53 millones de pesos, presuntamente vinculadas a maniobras de lavado de activos.
Yebra sería quien cobró por ventanilla esos 53 millones, detalló una fuente judicial.
El juez también analiza la adquisición de propiedades y autos de alta gama cuyos titulares no tendrían capacidad patrimonial como para acceder a esas compras.