Por Alejandro el “Gitano” Ulloa @GitanoUlloa
Margaret Thatcher y Ronald Reagan lanzaron en los 80 una dura campaña para liquidar todo vestigio del Estado de Bienestar de la posguerra. Los trabajadores se defendían tomando medidas de fuerza y un Comité de Expertos de la OIT tuvo que explicitar que el derecho de huelga “es uno de los medios esenciales disponibles para los trabajadores y sus organizaciones para la promoción y protección de sus intereses económicos y sociales”. Los liberales del mundo llegaron años después –no sin grandes resistencias– a una recordada cumbre de la OIT donde los empleadores cuestionaron el reconocimiento del derecho de huelga reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: Sin lavarse la boca argumentaron que “no es relevante porque son derechos en términos generales”, y “solamente son recomendaciones sin cumplimiento obligatorio”. Daniel Funes de Rioja (el “pollo” de Paolo Rocca en la Unión Industrial), fue quien presidió aquella fiesta patronal hija del consenso de Washington.
El objetivo de los empresarios siempre ha sido disponer de un aparato jurídico que permita a los trabajadores “en blanco” y a los “excluidos” suavizar las transiciones entre las distintas malarias, ayudando al mismo tiempo a las empresas a tener más cintura ante los vaivenes de la economía. Daniel Funes de Rioja (foto) es un abogado con una vasta carrera laboral para empresas y representante ante distintos foros y organizaciones internacionales como el Foro Económico Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Funes de Rioja es también el jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la UIA e integra el Consejo del Salario Mínimo en representación del sector empresario. Está acompañado en la UIA por nueve vicepresidentes, donde destaca Luis Betnaza, de la Cámara Argentina del Acero (el que se inmoló ante Bonadío representando a Rocca en la causa Cuadernos).
Pedro, mirá quien vino
Teddy Karagozian, dueño de TN&Platex (la textil que aumentó sus precios 70% el último año), es el líder y propagandista del proyecto “Mochila Argentina”, que cuenta con la entusiasta adhesión de la UIA de Paolo Rocca. Pretende la facilitación del despido, la adopción de medidas que flexibilicen “tomar gente” y despedir la fuerza de trabajo como una mercancía más. Lo llaman “flexiseguridad” y aseguran que rige en Austria, Dinamarca y otros países.
Se trata de lograr un mercado laboral flexible, donde los empleadores contraten y despidan según las necesidades de las empresas sin tomar en cuenta las personas. No es solo el despido arbitrario, sino mecanismos contractuales flexibles con “transiciones seguras de empleo y garantías de subsidios de desempleo”.
Se atajan de los mayores gastos en sistema de seguridad social por la mayor expectativa de vida de las personas que lleva a una reducción de la mano de obra económicamente activa. Eso sí, te mandan a estudiar: “El desarrollo de una capacitación permanente de los trabajadores, en función de las nuevas tecnologías y las nuevas demandas de las empresas.”
Pretenden pasar bajo cuerda que en el capitalismo no es posible pensar en que el “mercado de trabajo” integre a todos los que viven de la venta de su fuerza de trabajo. Descartado el pleno empleo hace un cuarto de siglo, dicen que en este modelo se plantean transiciones entre la inclusión y la exclusión, que conforman, según ellos, una realidad inmutable y para siempre. La aplicación de la flexiseguridad implica conciliar la flexibilidad empresarial y la protección de la seguridad de la fuerza laboral. Agua y aceite donde los trabajadores siempre van al fondo del recipiente.
Tirando curriculums todo el día
La flexiseguridad lleva al extremo la descentralización operativa de las grandes multinacionales. Generaliza los contratos temporarios, garantizando alguna seguridad social para quienes se están sin trabajo y en las gateras de una nueva contratación. Te ofrecés como “solicitante de empleo”, mientras que los empresarios en búsqueda de mano de obra ofrecen una dadivosa “oferta de empleo”.
El trabajo ya no sería un derecho de todos sino una “oportunidad” para cada uno de los individuos. Los sindicatos se transforman escuelitas que capacitan y asesoran sobre las oportunidades que brinda el mercado. La flexiseguridad llega como una topadora a tirar a la basura todo el derecho laboral y pretende consolidar el incremento del empleo temporario y la división entre trabajadores estables y temporales, entre planta permanente y tercerizados, en blanco, en negro, desocupados y subocupados. O sea, libertad de contratación y despidos y tercerizadas sin convenio a full.
Una y otra vez vuelven. Desde aquella “Banelco” ofrecida a los legisladores vienen probando a ver si pasa. Esta es la nueva pilcha con que visten a la señora “Reforma Laboral” que ya fuera rechazada durante el macrismo en el Congreso gracias a la enorme movilización de los sindicatos, los partidos de oposición y las organizaciones sociales.
Quieren liquidar la estabilidad, dejar atrás la responsabilidad solidaria entre sociedades vinculadas como empresas principales y subcontratistas. Para eso avalan condiciones de tercerización sin límites con empresas de trabajo temporario. La diversificación de las actividades por parte de los grupos económicos lleva a la fragmentación productiva y a la división de los trabajadores, que no aparecen como dependientes del grupo sino de cada una de las firmas que lo componen en cuanto a los salarios, en las condiciones de trabajo, en el convenio colectivo aplicable y en el sindicato que los agrupa.
El derecho a la estabilidad, a la única estabilidad real, la que garantiza el mantenimiento en el puesto de trabajo, se encuentra hoy garantizado por los decretos de necesidad y urgencia que desde marzo de 2020 prohíben los despidos sin causa, por fuerza mayor o falta de trabajo.
“Saco la billetera y te corro a billetazos”
En honor a las promesas electorales realizadas durante 2019 el presidente ratificó en La Bancaria la decisión de realizar la reapertura paritaria del gremio líder de la Corriente Federal de trabajadores (CFT). El ministro Claudio Moroni, ratificó que “La meta oficial de este gobierno siempre fue que los salarios le ganen a la inflación. Y como ese objetivo, se abrirán todas las paritarias que hagan falta para que el objetivo se cumpla”.
El gobierno va a adelantar también la revisión de la paritaria de la Administración Pública Nacional que había acordado en mayo una suba del 35% con los gremios estatales y ha quedado atrasada por las proyecciones inflacionarias para este año. La tarea estará a cargo de funcionarios de Jefatura de Gabinete, Ana Castellani entre ellos. Los gremios piden volver a negociar en julio pero en el Ejecutivo consideran que probablemente las mejoras se negocien entre agosto y septiembre próximo.
Un mundo idílico de unicornios y sirenas donde nada falta es lo que se ve en la estampita, pero al dar vuelta la página la realidad vuelve con su implacable dureza a recordar que antes de estos acuerdos los salarios ya venían perdiendo por goleada cifras entre el 15 y el 35% desde el 2015.
No tiramos manteca al techo pero la recuperación del dinero de bolsillo de los asalariados es un “no hagan olas” para sobrellevar la malintencionada campaña electoral de la oposición con los recibos de sueldo en la mano. Una pequeña recuperación está a la vista. Marcha atrás con los monotributistas; es ley el mínimo de 150.000 pesos para el pago de ganancias. El desempleo bajó un poquito. Los remedios de los jubilados y los bonos a quienes ganan la mínima dejan sabor a empate en el partido con la cancha inclinada que significa la pandemia. Algunos fallos del VAR quedan en el tintero. La actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es francamente deplorable. Los jubilados que ganan sobre la mínima llevan un fuerte recorte en sus haberes. La liberación de precios de la nafta y las tarifas son densos nubarrones en el cielo del gobierno nacional y popular.
Sanidad es una mosca en la sopa
“La relación con la CGT es perfecta”, confirmó Moroni cuando se le preguntó por su relación con la central sindical. Pero en estos días se desató el conflicto en Sanidad y en la Federación ya definieron plan de lucha a nivel nacional para toda la semana, con paros y asambleas de diferentes modalidades. Héctor Daer no quisiera arruinar tanta “perfección” pero no tiene más remedio que ponerse al frente de un impostergable reclamo fogoneado y obligado desde las empresas con el doble sentido de evitar cambios en la política de salud y maximizar su rentabilidad con los aranceles y subsidios de las prepagas.
Daer, cotitular de la CGT, señaló que el gobierno abrirá “automáticamente” las paritarias que sean superadas por la inflación. Además responsabilizó a los empresarios por la disparada de precios: “No somos nosotros los responsables del proceso inflacionario y tampoco podemos ser las víctimas”. Nada funciona tan aceitadamente en un país con la mitad de la población bajo la línea de pobreza.
La ministra de Salud Carla Vizzotti había afirmado en marzo que se trata de “situaciones muy complicadas” debido a que “los honorarios y la remuneración del personal de salud, ya antes de la pandemia, era insuficiente”. El Ministerio de Trabajo había descartado suspender las paritarias del sector privado de la salud, por entender que no hay norma que autorice a impedir que un gremio quiera negociar el acuerdo cuando el anterior ya está caído.
En abril último, hubo un ajuste del 16% de lo acordado en 2020 para alcanzar el 36% de inflación del año pasado y se fijaron nuevas escalas básicas que van de $49.734 a $60.450.
El sector empresario respondió negativamente al pedido de aumento salarial que vienen sosteniendo desde la FATSA para los trabajadores de los centros de salud. La Federación de Sanidad decidió volver al paro como “única herramienta” ante imposibilidad de negociar.
Erradicar la violencia y el acoso laboral
Según se informa en un comunicado de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) “En el día en el que entra en vigor el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, la FIP se une al sindicalismo internacional en la presentación de un manual para apoyar el citado convenio y su Recomendación 206 (R206). En el documento de la FIP se sostiene que “la agresión física, la intimidación, el acoso sexual, el abuso en línea, la precariedad laboral y las prácticas laborales abusivas son las formas de violencia más extendidas en el mundo del trabajo y afectan a millones de trabajadores/as en todo el mundo”.
Puntualiza una serie de objetivos:
- Fomentar el debate sobre la violencia y el acoso y la violencia de género en el mundo del trabajo
- Sensibilizar sobre el Convenio 190, la Recomendación R206 que lo acompaña y su importancia para los trabajadores, y en particular para las trabajadoras
- Animar a los sindicatos de todo el mundo a hacer campaña para la ratificación del Convenio 190 y su aplicación efectiva en línea con la Recomendación 206
- Animar a los sindicatos a utilizar estos instrumentos para integrar el Convenio 190 en sus programas de negociación colectiva
Construir sindicatos más fuertes para que los/as trabajadores/as puedan hacer valer sus derechos a un mundo laboral libre de violencia y acoso.
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