Según el informe de la OIT «Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2023», se verifica un insuficiente aumento del empleo a escala mundial. Ello implica una dificultad adicional para fomentar empleo decente lo que puede poner en riesgo la justicia social.
Según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es probable que la actual desaceleración económica mundial obligue a más trabajadores a aceptar empleos de menor calidad, mal pagados y carentes de seguridad laboral y protección social, acentuando así las desigualdades exacerbadas por la crisis de la COVID-19.
El informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2023 prevé que el empleo a escala mundial registre únicamente un aumento del uno por ciento en 2023, menos de la mitad del aumento registrado en 2022.
Se prevé asimismo que el desempleo a escala mundial aumente levemente en 2023, en unos 3 millones, hasta alcanzar 208 millones de desempleados (valor equiparable a una tasa de desempleo mundial del 5,8 por ciento).
Ese moderado aumento previsto obedece en gran medida a la escasa oferta de trabajo en los países de altos ingresos.
Ello invertiría la tendencia a la baja del desempleo mundial registrada de 2020 a 2022. En consecuencia, a escala mundial seguirá habiendo 16 millones de personas desempleadas más que en período de referencia previo a la crisis (valor con respecto a 2019).
En el informe también se señala que, además del desempleo, «la calidad del empleo sigue constituyendo una de las principales inquietudes«, y que «el trabajo decente es primordial para facilitar la justicia social». La crisis de la COVID-19 mermó los avances logrados a lo largo de un decenio para disminuir la pobreza.
Pese a la leve recuperación registrada en 2021, cabe esperar que la compleja situación actual para encontrar empleo de mejor calidad se vea agravada, según se desprende de los resultados del estudio.
A raíz de la actual coyuntura de desaceleración, muchos trabajadores se verán obligados a aceptar empleos de peor calidad, con frecuencia insuficientemente remunerados, y, en ocasiones, sin contar con las horas de trabajo necesarias.
Por otro lado, habida cuenta de que los precios aumentan a un ritmo más rápido que los ingresos nominales por trabajo, la crisis asociada al coste de la vida podría aumentar el número de personas en situación de pobreza. Esto se suma a la amplia caída de ingresos registrada durante la crisis de COVID-19, que en muchos países afectó en mayor medida a los grupos de bajos ingresos.