Según informó el gobierno de Tierra del Fuego, el Comité de Libertad Sindical de la OIT respondió así ante la denuncia que había presentado el sindicato docente de Tierra del Fuego (Sutef), contra los descuentos salariales dispuestos por el Gobierno provincial durante un conflicto en 2016, a raíz de una reforma previsional.
Si bien la OIT manifestó que «carece de competencia» para explayarse acerca de las leyes de reforma jubilatoria que dio lugar al conflicto, respondió sobre la presentación realizada por el gremio, donde se denunció «denegación de diálogo, reemplazo de trabajadores en huelga, descuento de salarios, declaración de ilegalidad de una medida de fuerza y medidas anti sindicales».
En ese sentido, el informe de la entidad escrito en Ginebra (Suiza) y que el gobierno fueguino difundió, estableció que los descuentos aplicados por el gobierno provincial a raíz de los días de paro, «no afectan a la libertad sindical».
A su vez, entendió que el derecho a huelga «no es absoluto» y «no protege» el «uso de violencia, los sabotajes, los daños a la propiedad pública» como tampoco admite «poner en peligro a la seguridad pública».
Esta definición fue resaltada por el gobierno provincial, ya que varios dirigentes gremiales fueron denunciados ante la Justicia durante el conflicto, por agredir al vicegobernador Juan Carlos Arcando, montar piquetes frente a la vivienda de funcionarios o impedir el ingreso a la Casa de Gobierno, entre otros hechos.
Otro de los cuestionamientos planteados por los docentes fueguinos a la OIT fue el «reemplazo» de trabajadores docentes durante el conflicto, a lo que el Comité respondió que «en casos de huelgas de larga duración, en el sector de la educación, pueden establecerse servicios mínimos».
De todos modos, el organismo le requirió al Gobierno Nacional que «solicite a las autoridades provinciales competentes, la instauración de una mesa u otra instancia de diálogo social, con las organizaciones de trabajadores (…) para tratar las cuestiones relativas a la promoción de la negociación colectiva sobre condiciones de trabajo y empleo y al ejercicio del derecho de huelga en el sector de la educación».
Además, la OIT le solicitó al gobierno argentino que mantenga al tanto a la entidad sobre «los resultados de los procesos judiciales en contra de los sindicalistas».