El despilfarro de Omar «Caballo» Suarez y su posterior caída, abrió una Caja de Pandora en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Mientras la intervenció,n a cargo de la diputada macrista Gladys Gonzalez, parece tener los días contados (de hecho corre el plazo judicial estipulado para su salida), la maniobra con la licitación de remolcadores expuso los negocios latentes tras la salida del pope gremial y las puja por cooptarlos.
Como contara InfoGremiales hace una semana, un entramado de irregularidades dejó en manos de la multinacional Maersk un fenomenal cúmulo de recursos. Y ahora se sumó un nuevo papelón. Es que el grupo naviero danés no respetó el plazo de llegada de los remolcadores y sumó otro incumplimiento a la licitación que ya fue denunciada en la Justicia.
Detrás de esa «licitación» se esconde un largo entramado de tensiones que enfrenta a dos actores en pugna por ocupar los lugares que dejara vacante Suarez. Por un lado la triada vinculada al oficialismo, compuesta por la propia interventora del SOMU, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el director Nacional de Vías Navegables Jorge Metz. Y por otro a los ex socios de Suarez, ahora devenidos moyanistas, de la Agrupación Juan Ocampo y el empresario naval Miguel Doñate.
Doñate es el principal enemigo del negociado por los trece remolcadores de la Maersk que pretenden ingresar a la Argentina sin estar nacionalizados. Pero el empresarios también es socio en AeroSpace SA, una sociedad constituida y administrada por el propio Doñate para explotar un remolcador, de Jorge Agustín Vargas, ariete del moyanismo en el gremio marítimo. En esa empresa la esposa de Vargas posee una porción mayoritaria.
Vargas es uno de los referente de la Juan Ocampo y es uno de los dirigentes que se enfrentó prematuramente por el manejo de los negocios con el Caballo, maniobra que terminó con su expulsión del gremio. Pero antes de la intentona por quedarse con los recursos, era tan cercano al dirigente caído en desgracia que todavía figura como socio de Enrique Omar Suárez en la firma marítima San Jorge SA.
Lejos de lo declarado en el raíd mediático tras la detención de Suarez, no sólo los expulsados convivían con el ex titular del gremio, sino que participaban de sus ilícitos y están investigados en las mismas causas. Para más datos el vehículo 4×4 que manejaba Vargas, «casualmente» le fue transferido por la primera esposa del Caballo. Esa móvil hoy se encuentra embargada por el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral. Según pudo averiguar este portal tanto la camioneta de Vargas, como la casa «El Paraíso» que posee en la ciudad de Villa Gessel, fueron pago de dividendos societarios de los negocios que ahora lo escandalizan.
Algo parecido sucede con los otros cabecillas del espacio. Es que Alejandro Giorgi fue el hombre designado por Suarez para construir el Hotel Puerto Belinda, hecho por el cual fue acusado de desviar materiales de construcción para su casa de Lomas de Zamora. Además, Caballo también le encomendó construir la escuela de la Isla de Marchi y de “refaccionar” el buque Manuel Belgrano, ambas obras sospechadas de sobreprecios.
Por su parte Rubén Alejandro Moreira, primer esposo de la abogada histórica de los marineros, al igual que Vargas y Giorgi se encuentra Imputado como miembro de la asociación ilícita en la causa que lleva Canicoba contra el titular del SOMU.
Los tres, junto al cuarto mosquetero moyanista, José Luis Clemente (padrino de uno de los hijos de Hugo Moyano), ocuparon cargos durante años en la conducción del detenido Suárez, en posiciones que fueron esenciales para convalidar los negocios tanto en San Jorge como en la Fundación Azul.
Ese conocimiento del funcionamiento de la actividad y de sus resquicios, coloca a los dirigentes en posición de combatir contra el rediseño del esquema de las alianzas estratégicas para repartir la torta marítima que propone Cambiemos. Esta verdadera batalla naval que parece estar recién comenzando, promete más rounds entre dos pesos pesados.