La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el gremio liderado por Abel Furlán, denunció que el sector empresario impuso un tope del 2% mensual en las negociaciones paritarias. En las negociaciones informales no lograron salir de ahí por lo que la paritaria de esta semana se levantó. Pasaron a un cuarto intermedio para el 24 de septiembre.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) vuelve a convertirse en un caso testigo. Es que el sector empresario siderúrgico, empujado por el Gobierno de la Nación, busca imponer un tope del 2% mensual en las negociaciones paritarias. Y parecen dispuestos a sostenerlo.
Esta propuesta que no se ha formalizado oficialmente fue discutida toda la semana por la conducción de Abel Furlán. Sin embargo, ante la falta de respuestas de los empresarios se levantó la reunión que debían retomar el pasado 17 de septiembre. Pasó directamente a la semana próxima. Se verán las caras el 24 de septiembre.
En la última audiencia de conciliación entre la UOM y la Cámara Argentina del Acero (CAA), el gremio rechazó la oferta empresarial, que consideran insuficiente ante la inflación. Furlán señaló que su sector demanda aumentos salariales que acompañen el aumento del costo de vida, significativamente mayor en los últimos meses.
El gremio metalúrgico, que solicita un ajuste al menos del doble del propuesto, anticipó la convocatoria a asambleas para definir un plan de lucha si no se llega a un acuerdo satisfactorio.
Concretamente la UOM le pide a las empresas siderúrgicas un incremento retroactivo del 4% para los meses de julio y agosto (en sintonía con lo que marcó la inflación) y mejoras acumulativas del 3% para los meses de septiembre y octubre.
Según los empresarios, no es viable conceder incrementos mayores debido al «desacople» entre la inflación y el tipo de cambio oficial, además de la competencia de las importaciones de acero provenientes de China e India. Aseguran que la estabilidad del dólar les impide ofrecer aumentos más altos sin comprometer la competitividad del sector.
La UOM criticó que la oferta de un 2% mensual se plantea como un tope, no un piso, lo que significa que si la inflación baja, los incrementos podrían ser aún menores, afectando directamente el poder adquisitivo de los trabajadores.