La determinación oficial, adoptada luego de años de disputa entre ambos gremios, permitirá a los llamados metrodelegados negociar el convenio colectivo de los empleados del sector y discutir y firmar paritarias, lo que hasta el momento era potestad exclusiva de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández.
La cartera laboral había convocado a los dirigentes de subterráneos y de la UTA el 12 de noviembre último para analizar la disputa por la representatividad de los trabajadores del sector y el Premetro, ocasión en la cual el gremio de Fernández decidió no participar en el encuentro pero sí impugnar todo el trámite.
La autoridad de aplicación determinó entonces resolver la controversia a favor de los Metrodelegados, resolución que fue ratificada con la publicación en el Boletín Oficial.
Fernández difundió ayer por la tarde un crítico comunicado de prensa, en el que acusó al ministro Carlos Tomada de haber cometido «el último atropello» al conceder la personería gremial.
«Ante los acontecimientos relacionados con la disputa de representación de los trabajadores de subterráneos, la UTA siente la obligación de señalar al personal de la actividad y a la opinión pública la verdad de lo que ocurre como resultado de una presentación realizada por otros compañeros del sector, ventilada en el expediente 1-2015-15769647-2013 tramitado en Trabajo», dijo.
Fernández señaló que en las últimas semanas «la UTA asistió a un verdadero atropello, abuso de autoridad, parcialidad manifiesta y, por sobre todo, a un grave y grosero incumplimiento de las normas legales que deben ser, primaria y de manera esencial, respetadas por la autoridad administrativa laboral», puntualizó.
«El gremio fue notificado de la realización de una compulsa para determinar la mayor representatividad en ese ámbito (artículo 28, Ley 23.551) para el 12 del corriente a las 11. Pero en una maniobra artera e ilegal, la cartera laboral otorgó la personería un día antes de esa audiencia. Hoy se le informó que el expediente fue resuelto sin la participación de la UTA, lo que representa un verdadero disparate y un accionar contrario a la ley», aseveró.
Fernández también enfatizó que «el ministro violó la ley y adoptó una conducta parcial y arbitraria, autoritaria y antidemocrática y contraria a las más elementales reglas del estado de derecho».
Por último, señaló que la UTA aguarda que «las nuevas autoridades o la justicia, de ser necesario, pongan las cosas en su lugar», porque «no es posible vivir en un estado de derecho sin que los poderes de ese Estado se sometan al cumplimiento de la ley».
«La UTA reclamó en su momento la nulidad de la audiencia convocada por diversas violaciones a la Ley de Asociaciones Sindicales. Esto no puede hacerse así. Tomada se comprometió con la gente de subterráneos y, la UTA, ignora los motivos. El período sobre el que se pretende calcular la cantidad de afiliados de la actividad no corresponde y, de forma arbitraria, incluye a otros empleados del sistema de transporte», aseguró Fernández.
Para el dirigente, Trabajo debe otorgar «el tiempo que corresponde para compulsar con todos los papeles en la mano», en tanto expresó que el gremio irá a la justicia y podría decidir un paro nacional de corta, media y larga distancia en rechazo de la decisión.