Según dijeron miembros de la Caladi, cámara que reúne a las empresas, hay 3.000 puestos de trabajo en riesgo debido a la caída de la demanda por parte de las compañías que administran el transporte de larga distancia.
Los carroceros se reunieron el miércoles con autoridades del Ministerio de Producción de la Nación y trataron nuevamente los tres puntos fundamentales para «intentar rescatar a esta industria nacional».
La principal cuestión a definir en lo inmediato para poder reactivar la actividad se centró sobre las amenazas de importaciones.
La propuesta es restringir hasta enero de 2019 inclusive el ingreso de carrocerías desde Brasil, excepto aquellas «operaciones efectivamente concretadas y cerradas con los clientes» al 31 de julio de 2018, con documentación detallada que lo respalde.
De esta manera, dicen los empresarios carroceros, se evitará la generación de cupos ficticios por parte de Terminales e Importadores, que permitirían peligrosamente la entrada de buses dentro del plazo de gracia acordado.
«Confiamos en que se cumpla con esta normativa para que empecemos a encontrar la solución a largo plazo, a una realidad que sigue siendo complicada», dijo Miguel Maestu, miembro de la Caladi.
Las empresas están realizando los trámites e inscripciones correspondientes para adherirse al Programa de Recuperación Productiva (REPRO).
En las reuniones se delineó una línea de crédito para las empresas de transporte de mediana y larga distancia, similar al que se lanzó para las urbanas, por un total de 500 millones de pesos, con plazos de 24 a 60 meses.
Esta línea crediticia contará con una tasa subsidiada en 5 puntos porcentuales por los carroceros, 2 puntos porcentuales por la Provincia de Santa Fe y otros 2 puntos porcentuales por la Nación.
No obstante, el gobierno nacional, que se comprometió a lanzar otro crédito del mismo volumen en caso de agotar los primeros 500 millones para cubrir la compra de las 80 carrocerías existentes en stock y acumuladas por la falta de demanda de las empresas de transporte.