El objetivo del proyecto es el de «sumar un derecho laboral a las trabajadoras que son víctimas de la violencia», informó su autora, la legisladora del Frente para la Victoria Valeria Amendolara.
La propuesta establece entre otras cuestiones que frente a la solicitud de la licencia por violencia de género, el organismo empleador procurará preservar el derecho a la intimidad de la víctima y dispondrá medidas para el acompañamiento y abordaje integral a través de los organismos competentes.
«Actualmente, las trabajadoras víctimas de violencia machista se ven obligadas a solicitar licencias inespecíficas, tal es el caso de las carpetas psiquiátricas, para recuperarse de las agresiones, iniciar acciones legales, recurrir a atención psicológica y jurídica o acceder a contención afectiva», indicó Amendolara.
«De esta manera, se invisibiliza la problemática y se patologiza y estigmatiza a la mujer», consideró la legisladora autora de la iniciativa.
Este nuevo derecho, que alcanzaría a todas las trabajadoras del sector público de la provincia, «contribuye a evidenciar que la violencia contra las mujeres constituye un problema social estructural que necesita ser prevenido, combatido y erradicado por las diversas instituciones en las que transita la mujer», se explicó.
De acuerdo a lo dispuesto en la iniciativa, el uso de la «Licencia Laboral por Violencia de Género» no afectará la remuneración que corresponda abonar a la trabajadora ni eliminará ni compensará aquellas otras a que la misma pueda tener derecho según la legislación vigente.