El fallo indica que “la relación existente entre los trabajadores del Plan de Inclusión y el Estado provincial, es laboral y no meramente asistencial”, que por ello se debe equiparar según “la normativa del Estatuto del Empleado Público, resultando una medida equitativa para reparar los perjuicios demostrados en este caso” sobre el que se dictó sentencia.
El dictamen de finales de agosto pasado, que fija jurisprudencia y que cambia el estatus de la relación entre los trabajadores del Plan de Inclusión Social, fue publicado días atrás en el sitio web oficial del Poder Judicial de San Luis.
Allí se indica textualmente que “por tratarse de la reparación de la conducta ilegítima de un organismo estatal, a fin de establecer el importe y a falta de previsiones legislativas específicas, debe acudirse a una solución que, por analogía, repare debidamente los perjuicios sufridos por el actor en este caso, debiendo estarse a la normativa del Estatuto del Empleado Público, resultando una medida equitativa para reparar los perjuicios demostrados en este caso».
Agrega, también, que “las normas a aplicar en estos casos son las del art. 11 de la Ley Nº 25.164 en el orden nacional y las del art. 19 de la Ley N° XV-0390-2004 en el orden provincial (Estatuto del Empleado Público)”.
El fallo unánime de los ministros Oscar Eduardo Gatica, Omar Esteban Uría, Florencia Damián Rubio, y Horacio Zabala Rodríguez, miembros del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, resultó para dictar sentencia en los autos “Molina, Francisco Solano c/Gobierno de la Provincia de San Luis – contencioso administrativa. Expte. N° 05-M-09 – IURIX Nº 188288/10”.
Cabe recordar que el denominado “Plan de Inclusión Social” se puso en marcha en la provincia de San Luis el 6 de junio de 2003, por el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá, a cuyos integrantes los llamó “los pico y pala”.
El “Plan Trabajo por San Luis”, que fue su verdadero nombre, comenzó con más de 49 mil inscriptos, quienes fueron enviados a cortar malezas, limpiar y embellecer -divididos en parcelas- las márgenes del río San Luis, como asimismo los costados de rutas provinciales y nacionales de la provincia.
El Plan de Inclusión Social cuenta hoy con unos 9 mil beneficiarios, y el gobierno puntano destacó que “la política de Inclusión Social tiene rango constitucional en esta provincia para quienes pasan por una situación de vulnerabilidad”.