El secretario de Educación Secundaria del gremio de docentes (UTE), Marcelo Parra, criticó la falta de claridad respecto de cómo serán las prácticas laborales obligatorias para estudiantes de quinto año de la Ciudad de Buenos Aires y advirtió que no permitirán que esto sea «mano de obra barata» ni «flexibilización laboral» para quienes trabajan en las empresas que se suman a la medida tomada por el gobierno porteño.
Tras la conferencia de prensa brindada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Parra aseguró que fueron «muy escuetas» las precisiones aportadas por el oficialismo, que «simplemente» presentó tres empresas que participarán de las prácticas laborales, dejando «todo lo demás como un gran interrogante».
En ese marco de incertidumbre, el secretario expresó en diálogo con Télam que no permitirán «que se ponga en riesgo la estructura pedagógica de la enseñanza en el quinto año de la escuela secundaria» y que las prácticas educativas deben tener «un sentido pedagógico» -que en este caso «no está claro»- sea para una vinculación con el mundo del trabajo, como para el «mundo del estudio superior».
«No vamos a permitir que esto sea mano de obra gratuita ni flexibilización laboral para las y los trabajadores vinculados a esas empresas. El más fuerte rechazo en tanto no se respete el criterio pedagógico e institucional de estas prácticas educativas», manifestó Parra y cuestionó que «no aclararon de ninguna manera quien va a llevar adelante esto, quien va a acompañar a los y las estudiantes en estos espacios educativos, qué contenidos van a tener o cuál va a ser el financiamiento».
Respecto al financiamiento, el representante de la UTE recordó que desde 2015 «el gobierno de Larreta y (María Soledad) Acuña bajó 24 puntos el presupuesto educativo», al mismo tiempo que redujo «7,6 puntos la inversión por estudiante en la Ciudad de Buenos Aires».
Asimismo, afirmó que los principales puntos críticos de la iniciativa del gobierno porteño es la obligatoriedad de la misma, cuando «hay una ley de prácticas educativas en la Ciudad que establece claramente la no obligatoriedad», y también que este avance se dio en «un contexto en el que los y las estudiantes y sus familias no han tenido participación», cuando «la Ciudad debe consultar, por Constitución, a los y las estudiantes acerca de las reformas educativas».