Los golpes judiciales abren un dilema en la gestión libertaria que ya piensa en llevar las causas más esquivas al influenciable Tribunal Superior de Justicia porteño

(Por Pablo Maradei) La Justicia empezó a marcarle la cancha a la gestión libertaria en materia de políticas públicas y despidos. En el Gobierno analizan los pasos a seguir y barajan alternativas para seguir el ajuste por otras vías. Algunos especulan llevar las causas más esquivas al influenciable Tribunal Superior de Justicia porteño.

En lo que va de enero, la actividad judicial durante la feria de verano tuvo como principal acontecimiento relevante la cautelar que presentaron los gremios vinculados a cuestiones tributarias, hablamos de la AEFIP (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos y el SUPARA (Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina). Pidieron vía judicial por la estabilidad laboral de los trabajadores del ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ex AFIP) ante los anuncios sobre la reestructuración que se vienen informando desde que asumieron las nuevas autoridades sobre el final de 2024.

Lo que reveló InfoGremiales, fue aquella presentación de ese recurso judicial ante la Cámara Nacional del Trabajo, instancia que obtuvo fallo favorable a los gremios por dos votos contra uno. El Gobierno, que hasta ahora no apeló la sentencia, tiene distintas vías de ejecución.

Por un lado, tiene la posibilidad de cuestionar lo decidido en base a nuevos elementos, dada la provisoriedad de toda decisión cautelar. También ante la Cámara puede presentar un recurso extraordinario para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN); y finalmente y algo novedoso: intentar que el tribunal de alzada que resuelva sobre la cuestión sea el Tribunal Superior de Justicia porteño. Sería casi un debut de esta habilitación que concedió la CSJN a raíz del caso Levinas-Ferreira.

Fuentes judiciales señalaron a InfoGremiales que los posibles recursos «seguramente serán rechazados» por la Cámara. Es que la materia no es federal ni definitiva para motivar la intervención de la Corte Nacional mediante el recurso extraordinario. Y en cuanto a la posible intervención del tribunal porteño, porque entienden que el mencionado fallo de la Corte se aparta de la ley procesal vigente y se presenta así como «jurídicamente débil», entre otras cosas, al “mezclar estructuras judiciales nacionales y municipales».

Respecto a que el Gobierno apele ante el TSJ explicaron: «En breve este punto será tema de debate; los tribunales nacionales tendrán que estudiar cómo proceder ante una situación así. En sí, los fallos de la Corte no son obligatorios fuera del caso en el que son dictados”, mientras que los del tribunal porteño, en base a normas locales de la ciudad, solo pueden ser vinculantes “para las instancias inferiores de su misma naturaleza municipal en que deben replicarse».

Conocedores de los pliegues administrativos judiciales comentan a InfoGremiales en relación con la sentencia dictada por la Sala de feria: «El Gobierno puede avanzar desde lo político con la reestructuración de la ex AFIP (ya se fueron 1.500 agentes y quieren otros 1.500 afuera, además de reorganizar y achicar estructuras), pero es cierto que el fallo de la Cámara dándole lugar a la cautelar presentada por AEFIP y SUPARA limita lo que pueda hacer el ARCA. ¿En qué sentido? Por ejemplo en que no se puede vulnerar la estabilidad laboral que da el Convenio Colectivo de Trabajo; esto es, que no se puede despedir a trabajadores que demuestren relación de dependencia estable con su nombramiento, partida presupuestaria; y que cuenten con el mínimo de tiempo requerido para adquirir esa condición estable como empleados del ARCA».