La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) y el Movimiento por el Derecho a la Salud ratificaron su oposición a la iniciativa oficial ‘Cobertura Universal de Salud (CUS)’, lanzada por el gobierno nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), y afirmaron que es «una estrategia de seguro de pobres y una canasta básica impulsada por el Banco Mundial (BM) como alternativa a los fracasados planes focales de la década del ’90» en la Argentina.
Jorge Yabkowski, el titular de la organización sindical que reúne a más de 30 mil médicos y profesionales de la salud en todo el país, explicó que el objetivo central de la iniciativa oficial es evitar que «las familias caigan en la miseria a partir de los gastos» en salud, y señaló que según el BM 250 mil personas ingresan a la pobreza o indigencia diariamente en el mundo a partir de esos gastos.
La Argentina adhirió a la CUS durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y la votó a favor en 2005 en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en 2012 en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, «el gobierno del presidente Mauricio Macri, la impulsa como política pública a partir del decreto 908/16», indicó un comunicado de la organización sindical nacional.
El dirigente gremial afirmó que según la OMS, que comparó el gasto privado y de bolsillo de 147 naciones entre 2003 y 2014, en la mayoría de los países en los que se adoptó la estrategia de los seguros focalizados (CUS) «esos gastos se dispararon».
«Según la OMS, la Argentina gasta un 5,9 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en salud; para el BM es de un 7 y para los funcionarios nacionales de un 9 a 10 por ciento. La cartera de Salud asegura que existe un 30 por ciento de gasto privado (casi un 3 del PBI), pero la OMS lo elevó al 45 sobre un guarismo del 6, es decir, un 2,5 por ciento del PBI, aunque en ambos casos el 83 por ciento de esa erogación proviene del bolsillo familiar.
Según ese Ministerio, el objetivo de la CUS es disminuir el gasto de bolsillo, que afecta más a los sectores empobrecidos. ¿Cómo lograrlo sin invertir un solo peso para mejorar y ampliar los servicios públicos gratuitos de salud? Ese es el misterio que la iniciativa oficial no puede develar», puntualizó el dirigente gremial.
Para Yabkowski, quien ya lo afirmó ante el viceministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, «una reforma sustancial del sistema no puede implantarse por un DNU, eludiendo el debate social y parlamentario, porque además los famosos 8 mil millones de pesos para la CUS continúan desde hace 14 meses inmovilizados en el Banco de la Nación Argentina (BNA)».
«Aunque el gobierno afirma que la CUS se aplicará ampliando el plan ‘Sumar’, el presupuesto nacional 2018 prevé solo 2.200 millones para ello. No cubre a los 15,5 millones que de forma presunta contemplará la CUS. El ‘Sumar’ alcanza a un tercio de ese universo, es decir, a 4,7 millones de personas. Es decir, son 40 pesos mensuales por beneficiario», enfatizó Yabkowski.
El dirigente sindical también sostuvo que «no tocar el anárquico y oneroso sistema de obras sociales hará fracasar cualquier reforma progresiva», por lo que criticó «la alianza gobierno-CGT para administrar las políticas públicas de salud» nacional.
El gremialista añadió que el ministro Jorge Lemus se negó a recibir a la Fesprosa para debatir la CUS y las condiciones laborales de los 350.000 agentes que sostienen en 1.600 hospitales y 6.000 unidades sanitarias los 125 millones de prestaciones públicas anuales, en «un contexto de precarización y de reducidos salarios del Plan CUS-comunitarios, base de la atención personalizada».
«Sin trabajo decente, salarios acordes, carrera sanitaria nacional y medidas de fomento para radicar en zonas desfavorables la atención personalizada y continua, la iniciativa será una ilusión irrealizable. Es preciso bajar el gasto de bolsillo familiar y entregar de forma gratuita los medicamentos esenciales, entre ellos el misoprostol, de fabricación pública», dijo el dirigente.
Yabkowski sostuvo que «la CUS no tiene por ahora financiación nacional, provincial o municipal para aplicarse como seguro, por lo que es una estrategia basada en la nominalización y la historia clínica digital».