Los puertos se niegan a actualizar los salarios y califican de «guerrilleros» a los recibidores de granos por las protestas

La entidad empresarial dijo que a pesar del acuerdo para pagar una suma fija que promedió los $40.000 y el incremento salarial del 25% por el período enero/junio 2020, el sindicato retomó las medidas de fuerza.

El gremio reclama ahora la disminución de su horario laboral de las 8 horas pautadas en el convenio colectivo, a 6, con soporte en que hasta la década de los ´90 ese era el horario. Además la inflación ya superó el número pactado en su momento.

La cámara advirtió que el sindicato «viene desarrollando una actividad obstruccionista intempestiva, esto es sorpresivos quites de colaboración y negativa a realizar horas extraordinarias, ya sea en el sector de recepción de la mercadería en los puertos como en el de embarque».

Denunció que el sindicato realiza «largas asambleas deliberativas ?dos, tres y hasta cinco horas, cada una- que últimamente han adquirido un ritmo vertiginoso y se repiten cuatro veces ?duplicadas una por turno- en una semana».

«Estos quites de colaboración y asambleas se dan casi exclusivamente cuando el puerto tiene un buque para exportar mercadería, es decir cuando más daño pueden hacer a la economía no solo de la empresa sino también a nacional», denunció la entidad.

Dijo que «la actividad ilegítima se viene prolongando desde hace más de tres semanas en terminales de distintas asociadas como ACA, ADM, LDC y Cargill».

«Esta verdadera guerra de guerrillas es llevada a cabo por el gremio indistintamente en Bahía Blanca, Quequén o ´up river´, y siempre en los puertos que tienen buque para obstaculizar su operatoria y en esta última semana han comenzado a bloquear las plantas de acopio en los hinterland», señaló.

Indicó que este viernes la medida de fuerza comenzó en Cargill Punta Alvear, donde «dirigentes del gremio están bloqueando la entrada y la salida de la terminal. Han dejado más de 180 camiones adentro y no permiten el ingreso del personal, ni siquiera de los supervisores, gerentes, ni la brigada de seguridad, violentando por vías de hecho derechos constitucionales».

«Su irresponsable e ilegítimo accionar está poniendo en serio riesgo la seguridad de la terminal por lo que demás está decir que se hacen todas las reservas legales del caso por los posibles daños y perjuicios que su ilegítimo accionar pudieran provocarle a la empresa o a terceros», señaló la cámara.