La Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys) llevó adelante este año elecciones de delegados en decenas de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad emitió una notificación donde dice que los desconocerá como tales, por no contar con personería gremial. Lo hace ajustándose a la letra de la Ley de Asociación Sindicales, a pesar de que la misma ha sido declarada inconstitucional en varios de sus artículos por fallos unánimes de la Corte Suprema.
La asociación de docentes, además, precisa que tal decisión desconoce la legislación vigente que consagra el derecho irrevocable de los sindicatos con simple inscripción gremial y de los trabajadores a elegir delegados en sus lugares de trabajo, sin el requisito excluyente de pertenecer a un sindicato con personería gremial.
Así lo manifiestan los fallos de la Corte Suprema de 2008 y 2009, convenios y declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el propio artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El gremio, que cuenta con personería jurídica desde 1983, salió a denunciar la decisión del gobierno macrista como parte de un “ataque a sindicatos, comisiones internas y delegados de oposición a las viejas burocracias sindicales oficialistas, para imponer una regimentación que permita descargar la crisis y el ajuste sobre el conjunto de los trabajadores y desactivar los conflictos».
La política antisindical del macrismo no es nueva. Ya la sufrieron en los hospitales y las dependencias porteñas cuando quisieron prohibir las reuniones gremiales.
También la padecieron en los distintos órganos de gobierno en los que se persigue a los delegados que buscan terminar con la precarización en base a «contratos basura» que sostiene el PRO desde hace años.