Federico Montero (38) es Secretario de Organización de CONADU y Secretario General de FEDUBA, entidad que nuclea a docentes e investigadores de la Universidad de Buenos Aires. Licenciado en Ciencia Política, es Profesor Adjunto en Política Latinoamericana (UBA) y Profesor Titular de Estado, Sociedad y Universidad (UNA). La reforma planteada por Macri y su fuerte impacto en la educación pública superior como así también las contradicciones del sector para hacerle frente al avance de CAMBIEMOS sobre la Universidad Pública formaron parte de una larga charla que tuvo lugar en la sede de CONADU ubicada en el barrio de Balvanera
P: Se anuncia una Reforma Labora que afectaría a los trabajadores en su conjunto. ¿Cómo afecta esto a los docentes e investigadores de las Universidades?
R: En primer lugar vemos con mucha preocupación la segunda etapa del ajuste que anunció el presidente Macri en su discurso después de las elecciones. Señaló a los sectores más débiles para profundizar el retroceso en materia de derechos: trabajadores, jubilados, universidades públicas. El borrador que circula de supuesta reforma laboral es un mamotreto antisindical cuyos efectos, de concretarse, serían gravísimos. Pero no hace falta esperar a eso para ver que el ajuste y el retroceso ya empezó. En relación a la situación de los docentes universitarios esto es muy claro tanto en lo salarial como en las condiciones de trabajo. Si bien rige un Convenio Colectivo de nivel nacional de 2015 para todas las universidades, esta avanzada del gobierno les da la oportunidad a muchos para buscar la forma de no aplicarlo, como es el caso de la UBA.
P: Cómo ha sido la posición de la UBA en relación a esto?
R: En la UBA la situación siempre fue muy adversa, momentos antes de la firma del CCT Nacional en 2015, la UBA decidió salirse del acuerdo con todos los demás rectores y desconocerlo. En aquel momento, a las 48 hs de firmar con la Presidenta, apareció otro Convenio a la baja firmado con ADUBA, cuya legalidad desconocemos porque apunta a la lógica de los Convenios por empresa. Esta situación había estado congelada pero con el impulso de la reforma laboral de Macri, en la UBA se envalentonaron y ahora firmaron otro convenio a la baja, en este caso para los profesores de los Colegios Preuniversitarios de la UBA. Lamentablemente esto fue avalado una vez más por ADUBA pero también por UTE-CTERA, cuya conducción claramente no están a la altura de lo que representan compañeros de la talla de Hugo Yasky, Sonia Alesso o Robi Baradel y sólo se entiende esta disonancia por la voracidad en «capturar» 50 afiliados que tienen en el Colegio Carlos Pellegrini, y ahí terminan siendo funcionales a la política que anunció Macri en el CCK y a la conducción de la UBA que es la versión bis de CAMBIEMOS. Nosotros nos plantamos en la plena vigencia del Convenio Nacional y estamos evaluando que acciones administrativas y/o judiciales presentar a la brevedad para tutelar los derechos de los docentes universitarios legítimamente conquistados.
P: Cuál es el efecto que tendría esto?
R: Lo que firmaron ADUBA y UTE-CTERA va en la línea de lo que pidió Macri porque es un convenio local a la baja, ya que incluye menos derechos que el Convenio Nacional. Por otra parte, el mismo hecho de convalidar un Convenio local a espaldas del Convenio Nacional que acordamos con 50 rectores y 7 Federaciones es una conducta difícil de explicar si después pretendes pararte en la oposición a este Gobierno. Como te decía, va en el misma línea del retroceso que estamos sufriendo desde que asumió Macri, Los docentes universitarios hemos visto decrecer nuestro salario y congeladas las posibilidades de afianzar y ampliar la mejora de las condiciones de trabajo de los docentes e investigadores de las Universidades Nacionales, que habían tenido un punto muy alto en el Convenio Colectivo de Trabajo Nacional que firmamos en 2015. Es importante destacar esto porque las condiciones de trabajo de los docentes e investigadores, además de ser derechos laborales definen las condiciones de producción de conocimiento público. En ese marco, hay que destacar que, con la excepción de la UBA, en las demás universidades, con avances y retrocesos porque no es homogéneo, hay un proceso de implementación del CCT.
P: Esto también tiene que ver con la resistencia de los propios rectores que en este contexto aprovechan para no hacer olas?
R: Sí, puede ser, pero no todos los rectores actúan igual. Ha habido importantes declaraciones de Sandra Torlucci, de la UNA, por ejemplo, repudiando los dichos de Macri sobre las Universidades. Esto tiene más valor aún porque los rectores están sometidos a una enorme presión que deriva en primer lugar, de la dinámica misma del ajuste. Es el condicionamiento desde los recursos con universidades que están funcionando al límite. Por otro lado, recordemos que hay 52 rectores en la Argentina imputados por el fiscal Marijuan por supuestas irregularidades en la administración de fondos en base a un artículo periodístico de Clarín. Y por si fuera poco, tenemos a la Gendarmería y la policía ingresando impunemente a las universidades… Es compleja la situación de las Universidades, desde todos lados y se habla poco de eso.
P: Ya que citás los dichos de Macri, qué reflexión te merece lo que dijo sobre las Universidades?
R: Ante todo, debo aclarar que el Presidente se equivoca con su mirada sobre la Universidad Pública, no creo que de absoluta mala fe, pero si hay carencia de esfuerzo en buscar los datos para fundamentar su afirmación, y no es un tema de opiniones sino que las propias informaciones oficiales de su Ministro Finocchiaro, y su Secretaria de Políticas Universitarias Danya Tavela así lo indican. Macri dijo que creció en un 30% la planta docente y no docente y solo un 13% los egresados, como queriendo criticar la eficiencia de las Universidades Públicas a la hora de producir graduados. En primer lugar habría que aclarar que los criterios de eficiencia del ejercicio de un derecho no tienen los mismos parámetros que los de un servicio. Habría que medir la cobertura, accesibilidad, etc., todos indicadores super positivos por la creación de 19 nuevas universidades. Pero aún en los términos en que lo planteó el Presidente, es falso: la tasa de crecimiento de los egresados de las universidades públicas es mayor que la de ingresantes. El número de egresados de la Universidad Pública creció un 44% mientras que los nuevos ingresantes un 22%, o sea que también en los estrechos criterios empresariales que lo plantea el presidente también son eficientes las Universidades Públicas. Entonces, acá se plantea una reflexión. Sabemos por sus dichos que el Presidente no es un amante de las bibliotecas, pero quizás antes de cerrar la Biblioteca del Congreso humildemente yo le pediría que pida un ejemplar del anuario de la SPU y constate los datos.
P: ¿A qué se debe el ataque a las Universidades entonces?
R: Buscan estigmatizar para justificar la segunda etapa del ajuste que también viene sobre las Universidades Públicas y el Sistema Científico Tecnológico. Desde que asumió el presidente, el presupuesto no ha dejado de retraerse, tanto si lo comparamos nominalmente con la inflación, como si analizamos como porcentaje del PBI y mucho más aún si lo comparamos con otros gastos, como el pago de la deuda externa… en todos los casos asistimos a la voluntad de paralizar el desarrollo de la cobertura de la universidad pública, buscando que ese lugar lo ocupe la lógica mercantil. En suma, también en el caso de las Universidades asistimos al recorte del Derecho a la Universidad porque el Estado deja de tener un rol que sustenta la ampliación y cobertura y busca generar espacios para los negocios.
