La vicepresidenta Gabriela Michetti firmó el pasado 30 de diciembre el decreto que dejaría sin trabajo a 2035 empleados del Senado, institución que preside.
Como argumento central, el PRO planteó que se trataba de nombramientos realizados por su antecesor, Amado Boudou, a principios de 2015 y otro grupo de noviembre de ese año.
La generalización de la medida quedó en evidencia, cuando se supo que entre los despedidos había 100 que pertenecían al Programa de Formación e Inserción Laboral para Discapacitados, implementado por el Parlamento para darles empleo a personas con capacidades diferentes.
Según publicó el diario Tiempo Argentino, Michetti se había comprometido en la tarde de ayer a reincorporar a los 100 trabajadores de aquel programa, mientras seguirían conversando por el resto.
Sobre el final de la jornada, esa promesa se formalizó con un decreto correctivo, que excluyó de los despidos a los empleados con capacidades diferentes.
El «error» de la vicepresidenta le da legitimidad al reclamo gremial de Norberto Di Próspero, el representante de los trabajadores parlamentarios, quien se encuentra en guerra contra los despidos masivos de Michetti.