El clima en el Estado no logra tener calma. Desde el gremio de estatales, ATE, denunciaron en las últimas horas nuevos despidos en el Ministerio de Producción y en el Ente Nacional de Comunicaciones, lo que los pone en alerta en ambos organismos.
En la cartera que lidera Francisco Cabrera despidieron aJulieta Pérez Lavallén, delegada de la Junta Interna del Ministerio de Producción, quien se desempeñaba en el área de COPREC, dependiente de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, de la Secretaría de Comercio conducida por Miguel Braun, con más de doce años de antigüedad y varios mandatos como delegada de ATE.
Además cesantearon a Marina Bruzera, también delegada electa, quien fue impedida de ingresar a su lugar de trabajo el día 2 de marzo. «Ambos despidos, ilegales y violatorios de las tutelas sindicales consagradas en los artículos 47, 48 y 52 de la Ley 23551 de Asociaciones Profesionales, se producen en momentos en que la conflictividad social en el país está en su punto más álgido desde la llegada al gobierno nacional de Mauricio Macri», explican desde la comisión interna.
«Entendemos que estos despidos constituyen una ostensible maniobra de persecución gremial, orientada a disciplinar a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Producción, que ya sufrió más de 500 despidos en 2016, y pretende enmarcarse en la política antiobrera y antisindical del gobierno nacional», señalaron.
Por su parte la seccional Ezeiza-Esteban Echeverría-San Vicente de ATE decidió «un plan de lucha gremial» ante «la negativa del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a reincorporar a cuatro despedidos», y denunció que el organismo incumplió «los procedimientos administrativos al no realizar sumarios».
El plan de acción será sorpresivo y se extenderá hasta que el organismo reincorpore a los trabajadores despedidos «sin causa», según informó en un comunicado de prensa.
«Es inadmisible que el organismo no atienda los sólidos argumentos presentados por el gremio en la última reunión del viernes. El organismo incumplió los procedimientos administrativos porque no ordenó sumarios o apercibimientos anteriores a los supuestos hechos. Así, los despidos son injustos e injustificados», afirmó.
La seccional estatal explicó que oportunamente presentó un informe y detalló «las actividades, funcionamiento y desempeño de cada trabajador del centro operativo», y subrayó que el establecimiento absorbe «el 70 por ciento del mantenimiento de las redes y antenas de comunicación aeroportuarias y del sector privado (por ejemplo, las empresas de telefonía celular) con solo 8 técnicos, cuando el plantel era de 19 trabajadores calificados».
«Esto aclara de qué se trata la tercera reforma del Estado que impulsa el Ministerio de Modernización. Consiste en achicar y desfinanciar a los organismos públicos para luego privatizar. Como en los ’90, cuando los radares de los aeropuertos argentinos quedaron en manos de empresas privadas», puntualizó la seccional de ATE.