Si bien la CGT muestra pasividad ante la ola de despidos estatales y privados, hay un dirigente que se destaca en su perfil ultra PRO. Se trata de Gerónimo “Momo” Venegas, líder de UATRE. «No hubo quejas de despidos. Los despidos han sido justificados, gente que no iba a trabajar y cobraba 70.000 pesos. Ninguno de los sindicalistas se quejó, son todos de la Cámpora», disparó Venegas al ser consultado sobre los despidos en el Estado.
«Yo creo que estamos con un gobierno democrático que va a escuchar al movimiento obrero. Este gobierno lleva recién dos meses, estuvimos 12 años en un estado imposible. Hoy hemos desterrado la corrupción y creo que el país va a empezar a crecer. Salarios dignos y rentabilidad empresaria», señaló.
En relación a las paritarias, el gremialista explicó que «aún no se habló de porcentajes. Seguramente hoy se va a llegar a un acuerdo» y remató: «Si sale el país, salimos todos los argentinos».
Después del encuentro con Macri en Casa Rosada, Venegas mantuvo el mismo optimismo PRO. El Secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE),Gerónimo «Momo» Venegas, destacó los resultados del encuentro y afirmó que se trató de una reunión «muy positiva».
«Acordamos que las paritarias sean libres y que cada sector debe discutir de acuerdo a las paritarias que tienen», dijo en declaraciones a C5N y confirmó que no se habló de los despidos «no tenemos en nuestros sindicatos», sentenció.
Mientras tanto, de la mano de Macri, Venegas recuperó parte del perdido en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea). Ahí, las nuevas autoridades, Ramón Ayala y Ranulfo Bazán, que operan bajo las órdenes del “Momo”, decidieron frenar las áreas clave del organismo: la fiscalización en el territorio, la registración, y las denuncias por casos de trata y explotación laboral.
Según reveló Página 12, el plan de Venegas es volver al viejo registro (Renatre), un organismo manejado por la Uatre y las patronales agropecuarias como la Sociedad Rural, CRA, Coninagro y FAA. Dentro de este plan de desmantelamiento, las nuevas autoridades ya avisaron que echarán a 600 personas dedicadas a trabajar en el territorio. Además, dejarán de prestar colaboración con el Ministerio Público Fiscal en las denuncias por casos de trata y trabajo infantil.