En un nuevo plan que va a castigar los bolsillos de las y los estatales, el gobierno de Milei ahora avanza con negarles la posibilidad de hacer horas extras y reforzar sus magros salarios. Según sus cálculos hay trabajadores de las categorías más bajas que llegan a sumar la mitad de sus salarios de esta forma alcanzando así salarios de unos 450 mil pesos.
Desde la perspectiva del gobierno, esto no forma parte de las precarizaciones laborales en las que incurre el Estado en todas sus formas y escalas, sino que sería una argucia del trabajador.
«El problema es que si les sacan esos adicionales quedarían sueldos de hambre. Está todo tan mal que muchas veces estos empleados no quieren ascender en su carrera porque ganarían menos porque perderían la parte supletoria», reconoció a Clarín un dirigente de UPCN consultado.
Con una auditoría, el gobierno que todavía no lleva un mes asumido busca recortar las horas extras y los adicionales de los empleados públicos. De llevarse a cabo esta avanzada, los gremios aseguran que no solucionaría ningún problema económico en las arcas públicas y sumaría conflictividad y malestar.
«De igual modo, citaron el caso del decreto 84 que ordena la baja de los contratos firmados en 2023 que, según las primeras previsiones, no alcanzaría los 7 mil notificados oficialmente porque muchos de estos empleados estaban comprendidos por las excepciones incluidas en el congelamiento dispuesto por la efímera ministra Silvina Batakis (Economía), en 2022», consignó Clarín.
Todos están regidos por contratos que hoy están siendo revisados por el área de Empleo Público de Jefatura de Gabinete. Ese equipo lo coordinan Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y el subsecretario de Modernización, Martín Bocacci.
Al parecer, el plan oficial pretende recortar o poner topes al pago de horas extras y otros suplementos con el objetivo de achicar el gasto. «El problema es que si les sacan esos adicionales quedarían sueldos de hambre. Está todo tan mal que muchas veces estos empleados no quieren ascender en su carrera porque ganarían menos porque perderían la parte supletoria», reconoció un dirigente de UPCN consultado.
En este contexto, los gremios estatales reconocen que en este momento están peleando para rever varios casos de los despidos contemplados en el decreto 84. Y que seguramente continuarán la negociación paritaria con el Ejecutivo una vez conocido el índice de inflación de diciembre. «No es el mismo un 25% que un 30% de IPC. Igualmente lo que den no va a ser un aumento sino un intento de recomponer ingresos», concluyó, pesimista, el dirigente de UPCN.