Un comunicado gremial firmado por el titular de la organización, Héctor Garín, explicó que 700 trabajadores cumplen tareas para esas SRL y señaló que «el objetivo de las empresas es de forma clara la evasión impositiva y de las cargas sociales».
«Es un accionar doloso porque se realiza a propósito para evadir el fisco. Es preciso trabajar en esos temas, ya que ello implica la seguridad de médicos, trabajadores y pacientes», dijo Garín.
El 7 de mayo último, una ambulancia de la empresa Vittal y un colectivo chocaron en el barrio porteño de Villa Crespo.
Hubo varios heridos leves en la unidad de transporte público y el chofer del móvil médico se desvaneció y debió ser internado, en tanto la empresa Vittal envió otro móvil para asistir a los accidentados y también colisionó, aseguró el dirigente sindical.
«Estos accidentes ubicaron en el centro del debate la precaria situación laboral actual de los médicos y la irregular contratación de las unidades, que están tercerizadas. Las dos ambulancias no pertenecían de forma directa a la empresa. Estaban contratadas bajo el sistema SRL, a través del cual Vittal elude responsabilidades y no obliga a que los trabajadores de esos móviles sean debidamente registrados», detalló el gremialista.
La organización sindical añadió que las compañías de salud realizan acuerdos con médicos que figuran como propietarios de una ambulancia, lo que significa «una trampa» a partir de «la ausencia de cobertura y seguridad social de los no registrados».
«Existe tercerización del vehículo y trabajo en negro del personal. Los propietarios de las compañías de ambulancias deben ser intimados a cumplir sus responsabilidades como empresarios a fin de evitar la desprotección de los trabajadores. Tienen que registrar al personal y no evadir obligaciones previsionales, jubilatorias, de obra social y de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), como ocurre en la actualidad», puntualizó Garín.
Por lo mismo, la AMAP presentó las denuncias en el área de fiscalización de la cartera laboral y remarcó la necesidad de que intervengan el Ejecutivo porteño y el Ministerio de Salud, del que depende la habilitación de los móviles, explicó el sindicato.
Para Garín, la problemática del médico incide en el estado de la persona que requiere su atención, ya que «un profesional en situación irregular y ante una emergencia no tiene en esas condiciones tranquilidad porque piensa en su propia seguridad».