El Gobierno de Mendoza había amenazado no pagar el aumento salarial ni el bono a aquellos gremios del ámbito público que no firmen la paritaria, cuyo porcentaje estaba por debajo de la inflación. Ahora asegura que les pagará igual. Deja a dos sectores afuera.
El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, comunicó en conferencia de prensa que personal docente y no docente recibirá el aumento por decreto (más un bono) para el año 2021.
La determinación se tomó tras hacer lugar a reclamos de gremios de la órbita educativa que no paritan, y enfrentándose así al Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), quienes rechazaron la suba en paritarias y preparan una medida de fuerza para no comenzar las clases.
Con esta medida, que incluye a quienes habían rechazado una recomposición salarial que porcentualmente quedaba muy por debajo de la inflación, quedan sólo dos reparticiones que no recibirán el bono de $54.000. Se trata de los los trabajadores de Juegos y Casinos y los Judiciales.
De hecho los sindicatos excluidos adelantaron a los medios locales que presentarán una acción de inconstitucionalidad en la Justicia en caso de recibir una suba para 2021 que no contemple lo que se ofreció en la última reunión paritaria.
Desde el Poder Ejecutivo expresaron que, de haber un aumento vía decreto, sólo se computaría lo que se ofreció en blanco, que es un 20% de suba salarial en 3 tramos, pero no el bono, que no es remunerativo ni bonificable.
“El reclamo ha sido formulado por entidades gremiales, fundamentalmente el Sindicato Único de Celadores, Unión de Docentes Argentinos, ATE, UPCN, más docentes y no docentes autoconvocados. No es el mismo escenario que se presenta Casinos y Judiciales que han hecho un rechazo de la propuesta”, destacó Víctor Ibáñez, ministro de Hacienda.
Al sumarse el personal docente y no docente al aumento por decreto, que ya habían aceptado 14 reparticiones del Estado, los que quedan a la expectativa son los gremios de Juegos y Casinos, liderados por Martín Caín; y de Judiciales, que conduce Adriana Domínguez.
Domínguez, representante gremial de los judiciales, calificó el accionar del Gobierno de «discriminatorio» y señaló que «cruza todos los límites posibles de la ética, de la democracia».
«Juegan de una manera sádica con la necesidad de las compañeras y los compañeros y no aceptan la democracia sindical”, concluyó.