El secretario general de los «Metrodelegados», Roberto Pianelli, ratificóayer la denuncia penal contra jerárquicos de Metrovías por presunta estafa en el otorgamiento de viviendas a trabajadores del subte y vinculó la denuncia con el «apriete» sufrido por un trabajador, mientras la concesionaria inició una investigación interna y separó a seis de sus empleados.
«Vamos a presentar una denuncia por la agresión sufrida por Federico Borgo y las amenazas dentro de la misma causa, porque está claro que la gente que estafó es la misma que tiene la impunidad de amedrentar a punta de pistola a los estafados y a quienes colaboramos con ellos», dijo a Télam Pianelli.
El delegado apuntó que «hay que ir a fondo con la estafa para ver quién fue el responsable y que se garantice la integridad física de los compañeros y no descartamos tomar medidas de fuerza para eso».
La línea C de subte realizó esta tarde un paro entre las 15 y las 16 para denunciar el «apriete» sufrido por Borgo, quien fue interceptado mientras iba en su auto y «amenazándolo a punta de pistola le pegaron, lo tiraron al piso y lo obligaron a mandarle un mensaje con su celular a Beto que decía ‘Basta Pianelli'», contó Ariel De la Torre, de la comisión directiva del sindicato.
De la Torre atribuyó la agresión a la denuncia presentada por el legislador de Nuevo Encuentro, José Cruz Campagnoli, para que se investigue a personal jerárquico de Metrovías y a un supuesto puntero político, Fabián Ventos, por presunta estafa en el otorgamiento de viviendas.
Campagnoli dijo a Télam que la presentación busca determinar si la operatoria consistía en que «les ofrecían a trabajadores del subte viviendas construidas por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) a un precio muy barato, con boletos de preadjudicación con firmas apócrifas, a cambio de un depósito inicial de entre 70.000 a 150.000 pesos».
«Pese a que nadie recibió la vivienda prometida, la estafa alcanzaría a 350 trabajadores y llegaría a los 35 millones de pesos. Es evidente que hay vinculación con gente del Gobierno de la Ciudad y del IVC, porque se manejaba información a la que no cualquiera puede acceder», indicó el legislador.
La denuncia fue presentada ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, juzgado de Instrucción 26 y sostiene que «desde fines del 2014, cientos de trabajadores y trabajadoras del subte recibieron la oferta de adquirir inmuebles y firmaron documentos que eran presentados como boletos de pre adjudicación de distintas viviendas desarrolladas por el IVC».
Las viviendas que ofrecían eran de los terrenos de Casa Amarilla (Pi y Margall al 900), de Acumar (Luzuriaga 837) y Lafuente 64/70. En la mayoría de los casos, las viviendas ya estaban adjudicadas por una orden judicial o por el IVC.
Ante esta denuncia, Metrovías emitió hoy un comunicado donde indicó que «la empresa no tiene relación con el ofrecimiento de planes para la adquisición de viviendas ni acción promocional alguna».
Además explicó que «se inició un proceso de investigación interna» y, en ese marco, «seis empleados fueron separados precautoriamente de sus funciones hasta tanto se determinen las respectivas responsabilidades».
«La empresa reitera que no auspicia ni tiene relación alguna con las gestiones mencionadas, y se encuentra a total disposición de la Justicia para colaborar con el esclarecimiento de la situación», concluyó la concesionaria.