Luego de difundirse los propósitos que persigue el Ministerio de Modernización de la Nación en un documento girado hace pocos días al resto de los ministerios, llamado «Programa de Análisis de Dotación del Personal», los temores por una segunda ola de despidos en el sector estatal comenzaron a acrecentarse.
Finalmente el propio titular de la cartera nacional, Andrés Ibarra, admitió que habrán más despidos en el sector público como parte de una nueva etapa de «establecer la dotación óptima del personal».
«Si en algún momento de este proceso significa tener que hacer retiros voluntarios o no renovar ciertos contratos porque hay sobredimensionamiento, lo habrá. Vamos a ser implacables con los que no trabajan», manifestó Ibarra al diario La Nación.
En este primer documento que se giró a todos los ministros, plantea como sus principales objetivos el «producir una adecuación entre las necesidades de las organizaciones públicas y los aspectos cuantitativos y cualitativos del personal», así como «identificar la dotación de empleados jubilables y de aquellos que podrían acceder al retiro voluntario».
Un segundo escrito, señala que son 114.962 los trabajadores de la administración pública que están rotulados como «bajo análisis», lo que representa el «53,9 por ciento» del total de empleados públicos (a excepción del personal de seguridad), divididos en 78.533 de planta permanente y 36.409 contratados.
Ante esta situación ATE resolvió convocar a un nuevo paro nacional con movilización para el 29 de septiembre. Así lo resolvieron por unanimidad los secretarios Generales del gremio y miembros de la Conducción Nacional.
A la reapertura de las paritarias, la reincorporación de todos los trabajadores injustamente despedidos, contra el ajuste y los tarifazos, ahora se le suma el rechazo a la puesta en marcha de lo que consideran la Tercera Reforma del Estado que intenta imponer el Gobierno de Mauricio Macri.