El Gobierno bajó las retenciones a los agroexportadores y deberá sacar de otros sectores para equilibrar las cuentas. La mira está puesta es reducir el tamaño del Estado otro 30%, lo que implicará nuevos despidos y nuevos cierres de prestaciones. En 2024 ya despidieron a unos 36.000 trabajadores.
Los gremios estatales declararon el estado de alerta ante los preparativos del Gobierno para una nueva ola de despidos en la administración pública, impulsados por el objetivo libertario de reducir un 30 % el tamaño del Estado. El plan, que se aceleró tras la eliminación de retenciones al sector agroexportador, llevaría al despido masivo de trabajadores y al cierre de organismos públicos. Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), advirtió que esta política tendrá graves repercusiones sociales: “Los 800 millones de dólares que el Estado dejará de recaudar no pueden equilibrarse con despidos masivos”.
La intención del ajuste fue confirmada por fuentes cercanas al Gobierno y ha generado preocupación en los distintos ministerios. Según el secretario de ATE Capital, Daniel Catalano, “los propios funcionarios han difundido rumores de una nueva etapa de despidos”. Este anuncio se enmarca en un contexto de reducción del gasto público impulsado desde 2024, que ya dejó a 36.000 empleados estatales fuera del sistema a través de jubilaciones, retiros voluntarios y rescisión de contratos, según datos del INDEC.
El impacto más inmediato se sentiría en áreas clave como Defensa, el ex Ministerio de Desarrollo Social (hoy Capital Humano) y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. En este último organismo, la renuncia de Juan Ignacio Mier, subsecretario de Gestión Administrativa, fue atribuida a la presión por reducir drásticamente la dotación de personal. Desde ATE-Desarrollo Social, su secretaria general, Ingrid Manfred, criticó duramente a la ministra Sandra Pettovello, acusándola de ejecutar una política de despidos mientras partidas presupuestarias permanecen sin utilizar.
Pese a los esfuerzos de los trabajadores por mantener sus empleos, incluso aprobando un examen de idoneidad con una tasa de éxito del 96 %, muchos de ellos han sido despedidos igualmente. Catalano denunció despidos en áreas como Derechos Humanos y Vivienda, donde ya se realizaron asambleas para resistir el ajuste. Según los dirigentes gremiales, esta política de recortes afecta directamente la prestación de servicios esenciales, dejando a la población en una situación de vulnerabilidad.
Finalmente, Aguiar y otros referentes sindicales hicieron un llamado urgente a frenar las políticas del gobierno de Javier Milei. “Si no lo frenamos ahora, será demasiado tarde”, señaló el líder de ATE, quien destacó que las medidas no solo amenazan los derechos de los trabajadores, sino que ponen en riesgo la democracia. La resistencia sindical crece mientras se avecina una etapa de mayor conflictividad social, alimentada por el temor de que los recortes deriven en un Estado incapaz de garantizar servicios básicos.
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