El diario La Nación hizo alusión a seis seccionales que buscan disputar el liderazgo del gremio de Camioneros en la Federación. Los encabezados por Hugo Moyano afirmaron que se «intenta fabricar una supuesta y falsa «rebelión» en la Federación Nacional de Camioneros» y advirtieron también «un nuevo y patético intento de ataque a nuestra organización por parte de intereses que claramente no representan a los trabajadores».
La Federación de Camioneros que conducen Hugo Moyano como secretario general y su hijo Pablo como Adjunto denunció ataques por parte de La Nación que «parece estar dispuesta incluso a resucitar a personajes que perdieron elecciones en sus respectivas provincias por no representar a sus bases».
La Federación se refiere a una reunión entre Sergio Aladio, conductor de una organización de choferes de camiones de Santa Fe, Mauricio Saillén, representantes de recolectores de residuos de Córdoba, Daniel Urrutia (Jujuy), Pedro Mamaní (Tucumán), Juan Carlos Passarella (Entre Ríos) y Omar Gatica (San Luis) como un «pintoresco encuentro».
Según recordaron lo de Moyano, se trata de representantes de un sindicato santafesino con serios incidentes internos, «el mismo que nuestra organización desafilió en 2022 por los graves hechos ocurridos en la provincia. Las actuales autoridades llegaron a la conducción de su sindicato tras una interna sindical tan sangrienta que le costó la vida a un trabajador, Nicolás Savani, y dejó a otros heridos de gravedad, como la pérdida de un riñón, en una asamblea realizada en el Camping de Pérez en 2014».
Los únicos sindicatos adheridos a la Federación de Camioneros en la provincia de Santa Fe son el Sindicato de Choferes de Camiones, liderado por Juan Chulich, y el Sindicato de Recolección de Residuos y Barrido, conducido por Marcelo Andrada.
Otro de los participantes de este encuentro fue Mauricio Saillén, del Sindicato de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC), «quien, junto con su socio Pascual Catrambone, está procesado por la Justicia Federal de Córdoba, con una causa elevada a juicio oral. Ambos estuvieron detenidos por más de un año, acusados de delitos como lavado de activos, administración fraudulenta y el delito de «usura a sus propios afiliados», por el otorgamiento de préstamos de la mutual a tasas mucho más elevadas que las habituales. Por esta razón, su sindicato, mutual y obra social fueron intervenidos judicialmente. Este dirigente también se destacó, entre otras cosas, por su gran visión como inversionista financiero, ya que en un allanamiento producto de la investigación, le secuestraron además de dinero y autos de alta gama, importantes cantidades de joyas y “oro”, metal que posteriormente aumentó de manera considerable su cotización, en el mercado. Todo según fuentes del diario La Nación».
La lista de asistentes continúa con Omar Gatica, quien fue derrotado en el año 2021, en las elecciones del Sindicato de Camioneros de San Luís; Pedro Mamaní, un jubilado que también fue vencido en las elecciones de 2014 en el Sindicato de Camioneros de Tucumán; Juan Carlos Passarella, aplastado en las elecciones de 2016 en Entre Ríos; y el proyecto de dirigente Daniel Urrutia, de Jujuy, «un pro-patronal al servicio de empresas con asiento en el norte argentino, que ni siquiera pudo armar una lista. Por ello, el Gobierno le habilitó un sindicato «simplemente inscripto» y constituido de manera tan fraudulenta que aún no puede funcionar, y resultó denunciado por los mismos trabajadores cuyas firmas fueron falsificadas u obtenidas mediante engaños».
«Evidentemente, alguien decidió pasar con una ambulancia para levantar a estos perdedores sin legitimidad ni apoyo, y el Diario La Nación, fiel a su costumbre, les intenta dar un lugar que de ninguna manera tienen», remataron desde el gremio de los Moyano.
La nota mencionada también hace referencia a «supuestas y falsas deudas millonarias» de la Obra Social de Camioneros, «con una inocultable intencionalidad política, sin reparar en el importantísimo rol de las Obras Sociales, que en el caso de la Obra Social de Camioneros dio prestaciones de salud por más de 4 años a los trabajadores de la empleadora más numerosa de nuestra actividad – la empresa Oca – que en ese entonces contaba con más doce mil trabajadores – entre directos e indirectos-, a pesar de no recibir aportes y contribuciones debido a la crisis económica que atravesaba la empresa antes de que fuera declarada su quiebra con continuidad. La referida deuda de aportes actualizada ascendería a más de cien mil millones de pesos».
En esa línea solidaria recordaron que, con representación en todo el país, «sigue siendo la única signataria del convenio colectivo de trabajo 40/89, que protege a más de 250.000 trabajadores. Continuamos con la misma fuerza y compromiso de lucha que nos ha caracterizado a lo largo de nuestra historia, y ningún interés ajeno a la defensa de los trabajadores logrará desviarnos de ese objetivo», concluyeron.